Rentas en CDMX: especialistas piden regular alquileres y ampliar la oferta de vivienda

La construcción de nuevas viviendas no será suficiente para garantizar el acceso a una renta asequible en la Ciudad de México. Especialistas, organizaciones civiles y legisladores advirtieron que la crisis habitacional requiere una política integral que combine mayor oferta inmobiliaria, regulación del mercado de alquiler, protección a los inquilinos y desarrollo de vivienda social en zonas cercanas al transporte, los empleos y los servicios públicos.
El planteamiento se expuso durante el debate sobre la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, cuyo análisis concluyó el 17 de noviembre en el Congreso de la Ciudad de México, luego de diez mesas de diálogo en las que participaron legisladores, autoridades, colectivos, organizaciones civiles y más de 600 personas.
La propuesta, presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, contempla establecer límites a los incrementos anuales de las rentas conforme a la inflación, impulsar el registro de contratos de arrendamiento, restringir cobros para acceder a una vivienda y establecer sanciones ante posibles abusos. También plantea mecanismos gratuitos de orientación, mediación y conciliación entre propietarios e inquilinos.
De acuerdo con las autoridades capitalinas, la iniciativa no pretende congelar los alquileres ni establecer un precio único para todas las viviendas, sino generar condiciones que otorguen mayor certeza jurídica a las partes y eviten incrementos desproporcionados.
Sin embargo, durante las discusiones surgieron cuestionamientos sobre los posibles efectos de la regulación si no se acompaña de una política capaz de incrementar la disponibilidad de inmuebles a precios accesibles.
El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso capitalino, Royfid Torres, señaló que la protección de quienes actualmente rentan debe estar vinculada con una estrategia de construcción de vivienda y ampliación de la oferta inmobiliaria. Sostuvo que la producción actual, estimada en alrededor de 10 mil viviendas públicas y 5 mil privadas, se encuentra por debajo de una necesidad anual de aproximadamente 40 mil unidades.
El legislador también refirió un rezago habitacional estimado en 800 mil viviendas y advirtió que una regulación que no considere la disponibilidad de inmuebles podría generar dificultades adicionales para quienes buscan incorporarse al mercado de alquiler.
Por su parte, María Silvia Emanuelli, representante de la Coalición Internacional para el Hábitat, consideró que construir más viviendas es indispensable, pero insuficiente si no se intervienen las condiciones del mercado de arrendamiento. Como referencia, señaló que en distintas experiencias europeas la ampliación de la vivienda pública se acompañó de mecanismos de regulación.
La especialista planteó que el problema habitacional no debe medirse únicamente por el número de viviendas disponibles, sino también por su ubicación, precio y condiciones de acceso. La concentración de oportunidades laborales y servicios en determinadas zonas, junto con el encarecimiento de los alquileres, puede obligar a las familias a trasladarse a municipios periféricos o incluso abandonar la capital.
En este contexto, el debate sobre la Ley de Rentas Justas también involucra la necesidad de evitar prácticas abusivas sin generar incertidumbre para los propietarios ni desincentivar el mantenimiento y la incorporación de viviendas al mercado formal.
Entre los desafíos para la política habitacional de la capital se encuentran ampliar la construcción y rehabilitación de inmuebles, impulsar esquemas de arrendamiento social, garantizar vivienda asequible para personas de menores ingresos y vincular los nuevos desarrollos con el transporte público y los servicios urbanos.
También será necesario evaluar los efectos de las nuevas disposiciones sobre la oferta de alquileres, la informalidad contractual y el crecimiento de los arrendamientos de corta estancia, factores que pueden incidir en la disponibilidad de vivienda permanente.
La conclusión de las mesas de diálogo abre paso a la discusión legislativa de una iniciativa que busca modificar las condiciones del arrendamiento en la capital. No obstante, su alcance dependerá tanto de las reglas que finalmente apruebe el Congreso como de los recursos y políticas públicas destinados a atender el rezago habitacional.
El desafío para la Ciudad de México será evitar que la protección de los inquilinos y el incremento de la oferta se conviertan en objetivos separados. La discusión plantea que el acceso a una vivienda digna requiere tanto reglas claras para rentar como opciones suficientes, asequibles y bien ubicadas para quienes viven y trabajan en la capital.


