¿Quién estuvo detrás del bloqueo en Santa Fe? Segob investiga presuntos pagos

La Secretaría de Gobernación (Segob) abrió una investigación para esclarecer el presunto financiamiento de una movilización que bloqueó vialidades en Santa Fe, Ciudad de México, luego de que se señalara que algunos participantes habrían recibido dinero de personas relacionadas con un grupo delictivo. La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que se indaga quién organizó, financió y dio instrucciones para realizar el cierre, aunque todavía no hay responsables identificados públicamente.
De acuerdo con la información presentada por la funcionaria federal, los manifestantes habrían recibido pagos para bloquear la circulación, presuntamente por indicaciones de una persona privada de la libertad vinculada con actividades delictivas. La investigación busca determinar si existió una estructura de intermediarios y quiénes participaron en la operación.
El bloqueo se registró en la glorieta de Vasco de Quiroga y provocó afectaciones a la circulación en avenida Constituyentes y otras vialidades de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa. La protesta fue justificada por sus participantes con exigencias de mejores condiciones y acceso a medicamentos para las personas internas en un centro penitenciario federal de Tepic, Nayarit.
Sin embargo, Rosa Icela Rodríguez sostuvo que no existen las condiciones de precariedad denunciadas en ese centro penitenciario y señaló que la movilización habría sido utilizada como un mecanismo de presión. La versión gubernamental coloca bajo investigación el posible uso de recursos de procedencia ilícita para organizar manifestaciones y generar afectaciones a la movilidad.
Uno de los puntos que requiere precisión es la duración del cierre. Aunque algunas publicaciones difundieron que el denominado narcobloqueo se prolongó durante ocho horas, los reportes disponibles sobre el acontecimiento señalan que las afectaciones se extendieron por más de cinco horas. Hasta ahora, la duración de ocho horas no ha sido respaldada por la información oficial presentada.
La investigación federal pretende establecer el origen de los recursos utilizados, identificar a los posibles organizadores y determinar si las instrucciones provinieron efectivamente de una persona recluida en el penal de Nayarit. La secretaria de Gobernación advirtió que se procederá contra quienes resulten responsables una vez que se cuente con elementos suficientes.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer nombres de presuntos financiadores, organizaciones involucradas ni personas detenidas por estos hechos. Tampoco se ha informado sobre una imputación formal que permita establecer responsabilidades penales.
El caso plantea dos asuntos que deberán esclarecerse: por un lado, las condiciones de internamiento y las demandas que motivaron la protesta; por otro, los señalamientos sobre posibles pagos e instrucciones provenientes de estructuras criminales. Ambos aspectos requieren investigaciones sustentadas en pruebas y resultados verificables.
Mientras avanzan las indagatorias, el Gobierno federal deberá precisar quién estuvo detrás de la movilización y presentar elementos que permitan distinguir entre la participación de manifestantes y una posible operación financiada por terceros. Por ahora, el presunto vínculo criminal permanece bajo investigación y no constituye una responsabilidad judicialmente acreditada.


