Por Bruno Cortés
El gobierno del estado de Chihuahua formalizó el nombramiento de Javier Sánchez Herrera como encargado del despacho de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas. El movimiento administrativo responde de forma directa a la crisis institucional originada el pasado 19 de abril de 2026, fecha en que un accidente vial en el municipio de Morelos provocó el deceso de dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y dos elementos vinculados a la Embajada de Estados Unidos, identificados posteriormente como oficiales de la Rama Terrestre (Ground Branch) de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Los registros de la Fiscalía General de la República (FGR) confirman la apertura de dos carpetas de investigación federales derivadas de este evento. La primera línea ministerial indaga el presunto ejercicio ilícito de atribuciones por la operación de agentes extranjeros armados en territorio nacional sin los permisos correspondientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La segunda carpeta se enfoca en deslindar las responsabilidades penales relacionadas con el aseguramiento del laboratorio de drogas sintéticas en la región serrana de la entidad.
Hasta el momento, la delegación de la FGR ha tomado la declaración ministerial de 40 de los 43 servidores públicos que participaron en el despliegue del operativo antidrogas. El esquema de comparecencias de la autoridad federal aún no contempla citatorios formales para la gobernadora constitucional del estado, María Eugenia Campos Galván, ni para el exfiscal general de la entidad, César Jáuregui Moreno, quien presentó su renuncia al cargo semanas atrás debido a las inconsistencias en las versiones públicas iniciales del caso.
La auditoría interna y el procedimiento administrativo iniciado por la Secretaría de la Función Pública estatal derivaron también en la destitución de Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien se desempeñaba como titular de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas. Las investigaciones internas documentaron presuntas omisiones jerárquicas en la cadena de custodia y en la autorización del personal extranjero que ingresó a las instalaciones oficiales de la Fiscalía local en al menos dos fechas previas al operativo del 19 de abril.
El perfil técnico del nuevo encargado, Javier Sánchez Herrera, destaca por su trayectoria previa al frente de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado (FGE). Durante su gestión en dicha área, el funcionario administró la crisis por sobrepoblación de los Servicios Médicos Forenses (Semefo), que registraban un inventario acumulado de 440 cuerpos sin reclamar en la entidad, coordinando la infraestructura del Centro de Inhumación Forense en Ciudad Juárez.
Sánchez Herrera es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y cuenta con una maestría en Seguridad Ciudadana. Su nombramiento busca estabilizar la operación de la fiscalía especializada encargada del combate a delitos de alto impacto, en un entorno donde los sistemas de videovigilancia locales corroboraron que los agentes de la CIA portaban armamento largo tipo fusil dentro de las instalaciones estatales previo al siniestro vial.
El impacto financiero y operativo de las investigaciones federales mantiene en revisión los fondos de cooperación binacional en materia de seguridad aplicados en la entidad. La FGR mantiene bajo resguardo el perímetro del laboratorio en el municipio de Morelos, mientras los peritos analizan los componentes químicos incautados y la bitácora de vuelo y tránsito de las unidades oficiales involucradas en el traslado del personal civil y extranjero.
