¿Qué sigue para los 29 capos mexicanos que EUA quiere extraditar?
Estados Unidos exige más extradiciones: 29 capos mexicanos en la mira, incluyendo líderes de cárteles como Sinaloa y CJNG.
El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su estrategia contra los cárteles mexicanos, solicitando al gobierno de México la extradición de 29 narcotraficantes. Según una investigación de Milenio, esta lista incluye a figuras clave de organizaciones como los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), Tijuana, Golfo, Beltrán Leyva y Los Zetas.
De los 29 capos, 18 ya están bajo custodia del gobierno mexicano, mientras que otros enfrentan procesos legales en Estados Unidos o han fallecido en prisión. Entre los nombres destacados se encuentran Abigael González Valencia, alias «El Cuini», operador financiero del CJNG, y Servando Gómez Martínez, alias «La Tuta», líder de los Caballeros Templarios, quien cumple una condena de 55 años de prisión.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en conferencia de prensa que México colabora activamente con las extradiciones. «Desde hace tiempo existe una lista de presuntos criminales para ser trasladados a la Unión Americana», declaró. Este esfuerzo forma parte de un acuerdo bilateral para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada.
El pasado 27 de febrero, México ya había extraditado a 29 narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero, quien enfrenta cargos graves en Estados Unidos. De estos, seis podrían enfrentar la pena de muerte, lo que ha generado debates sobre los derechos humanos y la cooperación internacional.
Además, se ha revelado que la lista de extradiciones podría ampliarse, ya que Estados Unidos mantiene bajo vigilancia a otros líderes criminales. Este proceso no solo busca desmantelar las redes del narcotráfico, sino también enviar un mensaje contundente contra la impunidad.
La colaboración entre ambos países es crucial para enfrentar el impacto del crimen organizado en la región. Sin embargo, el desafío radica en garantizar que estas acciones respeten los derechos legales de los acusados y fortalezcan la confianza en las instituciones de justicia.
