Qué hace un gobernador y qué problemas no dependen de él

El cargo concentra poder político y administrativo, pero no gobierna solo: el Congreso local autoriza decisiones clave y la Federación y los municipios conservan facultades propias.

Cuando un hospital se queda sin medicamentos, una carretera se llena de baches o aumenta la violencia, la reacción política suele ser inmediata: culpar al gobernador.

A veces corresponde. Otras veces, sólo parcialmente. Y en algunos casos la responsabilidad principal está en un ayuntamiento, una dependencia federal o una institución que legalmente no recibe órdenes del Ejecutivo estatal.

El federalismo mexicano sirve para repartir funciones y, cuando algo falla, también para repartir culpas. Por eso, antes de exigir cuentas conviene responder cuatro preguntas: quién tenía la facultad, quién controlaba el dinero, quién operaba el servicio y quién debía coordinar a las autoridades.

El gobernador dirige el Ejecutivo, no todo el estado

Un gobernador encabeza el Poder Ejecutivo de una entidad federativa. Esto significa que dirige la administración estatal, propone políticas públicas, nombra a buena parte de su gabinete y coordina las secretarías, organismos y dependencias que la legislación local coloca bajo su autoridad.

Pero no es el jefe de todo el aparato público.

La Constitución divide el poder estatal en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El gobernador no puede ordenar a los diputados cómo votar ni instruir a los jueces para que resuelvan un asunto. Tampoco puede asumir automáticamente las facultades de los ayuntamientos.

Cada entidad organiza sus poderes mediante su propia Constitución y sus leyes locales.

Las dependencias que dirige cambian de nombre y estructura entre estados, pero generalmente abarcan áreas como gobierno interior, finanzas, seguridad estatal, educación, salud, infraestructura, desarrollo económico, campo, turismo, medio ambiente y movilidad.

Para conocer la lista exacta debe revisarse la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo o la ley de administración pública de cada entidad.

La regla básica es sencilla: una secretaría estatal sí forma parte de su gobierno; el Congreso, los tribunales, los municipios y los órganos autónomos no son oficinas personales del gobernador.

¿Qué presupuesto propone y qué dinero puede gastar?

El Ejecutivo estatal prepara el proyecto de presupuesto y la iniciativa de ingresos. Ahí plantea cuánto espera recaudar, cuánto recibirá de la Federación y en qué programas, dependencias y obras pretende gastar.

Sin embargo, proponer no significa aprobar.

El Congreso local analiza el paquete económico y puede modificarlo conforme a la Constitución y las leyes de la entidad. Una vez autorizado, el gobierno estatal ejerce los recursos por medio de la Secretaría de Finanzas o su equivalente y de las dependencias ejecutoras.

El gobernador tampoco puede gastar legalmente cualquier cantidad en cualquier momento. Los pagos deben estar respaldados por el presupuesto, una modificación permitida o ingresos adicionales ejercidos conforme a las reglas aplicables.

Al terminar el ejercicio, el Ejecutivo debe presentar la cuenta pública ante la Legislatura estatal. El Congreso y la auditoría local revisan cómo se utilizaron los recursos y pueden señalar irregularidades, daños al erario o deficiencias administrativas.

¿Qué necesita autorización del Congreso local?

El gobernador puede proponer, negociar políticamente y ejecutar decisiones, pero necesita la intervención del Congreso local para asuntos fundamentales.

Entre ellos se encuentran la creación o modificación de leyes, la aprobación del paquete económico y la autorización de determinados financiamientos.

La deuda estatal no puede tratarse como una tarjeta corporativa. Las legislaturas deben aprobar los conceptos y montos correspondientes y, para ciertos créditos, pueden requerirse mayorías calificadas. Además, la deuda no puede contratarse para cubrir gasto corriente, salvo las excepciones establecidas legalmente.

También pueden requerir aprobación legislativa algunos nombramientos, convenios, ventas de bienes públicos, reformas constitucionales o actos patrimoniales. La lista cambia entre entidades y debe verificarse en cada Constitución estatal.

Seguridad: responsabilidad compartida, no excusa compartida

El gobernador tiene responsabilidad directa sobre la estrategia estatal de seguridad, la policía estatal, los centros penitenciarios bajo competencia local y las áreas administrativas subordinadas al Ejecutivo.

Pero la seguridad pública no pertenece exclusivamente al gobierno estatal.

La Constitución la define como una función compartida entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. Las policías de los tres órdenes, los ministerios públicos y la Guardia Nacional deben coordinarse dentro del sistema nacional de seguridad.

La policía preventiva municipal está, en principio, bajo el mando de la presidencia municipal. La Constitución permite que atienda instrucciones del gobernador en casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público, pero eso no convierte a todas las policías municipales en dependencias permanentes del Ejecutivo estatal.

Además, los jueces forman parte del Poder Judicial y no pueden ser tratados como subordinados del gobernador. La relación de cada Fiscalía estatal con el Ejecutivo debe comprobarse en la Constitución local: no todas funcionan bajo el mismo modelo ni tienen el mismo grado de autonomía.

Frente a una crisis de violencia no basta con preguntar quién pronunció el discurso. Hay que revisar quién tenía presencia policial, quién debía investigar los delitos, quién administraba los recursos, qué coordinación existía y qué resultados produjo.

Salud: el gobernador influye, pero no controla todo el sistema

Los gobiernos estatales tienen facultades para organizar, operar, supervisar y evaluar diversos servicios sanitarios, desarrollar programas locales y administrar las instituciones que permanezcan bajo su competencia.

Al mismo tiempo, las responsabilidades de salud están distribuidas entre la Federación y los estados. Los convenios con instituciones federales pueden determinar quién opera hospitales, contrata personal, compra medicamentos o administra recursos en cada entidad.

Por eso, ante la falta de medicamentos o personal debe identificarse primero de quién depende la unidad médica.

No es igual un hospital estatal que una clínica del IMSS, del ISSSTE, de IMSS-Bienestar o de una institución federal especializada.

El gobernador conserva responsabilidad política cuando su administración participa, financia, supervisa o firma convenios. Pero atribuirle automáticamente cualquier falla del sistema nacional de salud puede conducir a una conclusión equivocada.

Educación: las escuelas estatales siguen reglas nacionales

Las autoridades educativas estatales prestan servicios de educación básica, administran sistemas locales, supervisan escuelas y operan registros de estudiantes, docentes y planteles.

No obstante, la Federación conserva facultades nacionales y emite normas, planes, lineamientos y políticas que deben seguir las autoridades locales.

Esto significa que una escuela puede ser administrada por el estado, utilizar libros y programas definidos nacionalmente y depender del municipio para servicios o condiciones del entorno, como alumbrado, tránsito, recolección de residuos o atención de una calle cercana.

La pregunta correcta no es únicamente “¿de quién es la escuela?”, sino qué autoridad era responsable del problema específico.

Carreteras y transporte: primero hay que identificar la vía

No toda carretera pertenece al estado.

Los caminos y puentes federales, así como el tránsito y el autotransporte federal que operan en ellos, están bajo jurisdicción de la Federación.

Las carreteras estatales corresponden al gobierno de la entidad conforme a su legislación. Las calles, parques y vialidades urbanas municipales suelen ser responsabilidad del ayuntamiento, aunque pueden existir convenios, obras metropolitanas o participación estatal y federal.

En transporte público local, las facultades varían. El gobierno estatal suele regular concesiones, rutas y tarifas, mientras que los municipios pueden intervenir en tránsito, vialidades, infraestructura y operación territorial.

Antes de exigir que un gobernador arregle una vía, hay que saber si se trata de una carretera federal, estatal, municipal o concesionada.

¿Qué asuntos corresponden principalmente al municipio?

La Constitución asigna a los municipios servicios como:

• Agua potable, drenaje y alcantarillado.
• Alumbrado público.
• Recolección y disposición de residuos.
• Mercados, panteones y rastros.
• Calles, parques y jardines.
• Policía preventiva municipal y tránsito.

Los estados pueden celebrar convenios para apoyar o asumir temporalmente algún servicio, pero eso no elimina la responsabilidad del ayuntamiento cuando mantiene la competencia y los recursos.

Un bache en una calle municipal, una luminaria apagada o la basura sin recolectar no deben atribuirse automáticamente al gobernador.

La responsabilidad estatal aparece cuando el gobierno de la entidad ejecuta directamente la obra, administra el servicio mediante convenio, controla el recurso específico o incumple una obligación de coordinación.

¿Qué corresponde a la Federación?

La Federación conserva competencias en materias nacionales y participa de manera conjunta con los estados y municipios en otras.

Entre sus responsabilidades pueden estar las carreteras federales, las instituciones federales de seguridad, la regulación sanitaria nacional, la seguridad social, la política educativa nacional, la energía, las aduanas, las comunicaciones y los programas operados directamente por dependencias federales.

Muchas leyes distribuyen tareas y obligan a las autoridades a coordinarse. Esto hace que un problema pueda involucrar simultáneamente a más de un orden de gobierno.

Pero competencia compartida no significa responsabilidad inexistente. Cada autoridad debe explicar qué facultades tenía, qué recursos recibió, qué decisiones tomó y qué resultados obtuvo.

La guía para saber a quién exigir cuentas

Ante cualquier problema público, el lector puede seguir esta ruta:

Primero: identificar la infraestructura, programa o servicio.

Segundo: consultar qué ley asigna la competencia.

Tercero: revisar quién recibió y ejerció el presupuesto.

Cuarto: comprobar si existían convenios entre autoridades.

Quinto: comparar obligaciones, decisiones y resultados.

Un gobernador no es responsable directo de todo lo que ocurre dentro del mapa estatal. Pero tampoco puede usar la complejidad institucional como escondite.

Cuando dirige la dependencia, propone el presupuesto, designa a los responsables o tenía facultades de coordinación, debe explicar qué hizo.

Cuando la competencia pertenece a otra autoridad, corresponde señalarla con la misma claridad.

La rendición de cuentas comienza donde termina la consigna: en los documentos.