Por Juan Pablo Ojeda
La discusión sobre los cigarros electrónicos y los vapeadores ha vuelto al Congreso de la Unión y, esta vez, con un fuerte enfrentamiento entre las diputadas de Movimiento Ciudadano (MC) y quienes apoyan una reforma constitucional que busca prohibir la producción, comercialización y distribución de estos dispositivos. Las diputadas Irais Virginia Reyes de la Torre, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez y Laura Ballesteros Mancilla no se quedaron calladas y alzaron la voz en contra de lo que consideran una política prohibicionista que, lejos de proteger al ciudadano, podría generar más problemas de los que resuelve.
Reyes de la Torre fue tajante al expresar que este tipo de políticas no hacen más que empujar a los consumidores hacia el mercado negro, donde no se tiene control sobre la calidad ni los riesgos de los productos. “La gente va a seguir comprando estos productos, ya sea en las calles o en redes sociales. El problema no es que los vendan, sino que no haya regulación que garantice su calidad y seguridad», explicó la diputada de MC. Además, señaló que muchos de los consumidores de cigarros electrónicos lo hacen para dejar el tabaco, por lo que la prohibición de estos dispositivos podría estar afectando a quienes buscan una alternativa más sana.
“Estamos restringiendo la libertad de los ciudadanos para elegir qué quieren comprar. Ahora el gobierno va a decirnos que no podemos comprar vapeadores, pero sí cigarrillos convencionales. Es totalmente incongruente”, comentó Reyes, quien además criticó a varios diputados de diferentes partidos que apoyan esta reforma pero que, en privado, siguen usando vapeadores.
Las críticas también fueron compartidas por Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, quien advirtió que la prohibición de estos productos en la Constitución convertirá a los vapeadores en productos ilegales, lo que abriría la puerta a la criminalización de los consumidores. “Esto va a generar un mercado negro donde las personas, en lugar de tener opciones legales y reguladas, se verán obligadas a recurrir a productos que no cumplen con ningún estándar de calidad», dijo la diputada.
Por su parte, Laura Ballesteros Mancilla fue más allá y vinculó esta reforma con las malas decisiones tomadas por Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, en relación con la pandemia de COVID-19. “Estamos ante el mismo enfoque prohibicionista que ha hecho tanto daño en otros ámbitos. El prohibicionismo solo fortalece al mercado negro y genera problemas sociales mucho más graves”, señaló Ballesteros, al tiempo que acusó a quienes impulsan la reforma de estar más interesados en cuidar otros negocios ilícitos que en proteger la salud pública de los mexicanos.
Las tres diputadas de MC coincidieron en que, en lugar de prohibir, lo que realmente se necesita es una regulación adecuada de estos dispositivos. Normativas claras que especifiquen la cantidad de sustancias permitidas, etiquetados informativos sobre los riesgos para la salud y controles estrictos sobre la venta de estos productos serían las herramientas que, según ellas, deberían implementarse para evitar que los consumidores se expongan a riesgos innecesarios.
Con esta postura, las diputadas de Movimiento Ciudadano no solo cuestionan la viabilidad de la reforma, sino que alertan sobre las posibles consecuencias de criminalizar el consumo de productos que muchas personas utilizan como una alternativa menos dañina al tabaco tradicional. Para ellas, regular y educar a los ciudadanos sobre los riesgos de estos dispositivos es el camino a seguir, no prohibirlos sin ofrecer alternativas claras.
