Paridad en el poder, desigualdad en el trabajo: la brecha que persiste para las mujeres

La llegada de la primera mujer a la titularidad del Poder Ejecutivo federal en la historia del país construyó una expectativa política de proporciones mayúsculas, pero la frialdad de las estadísticas laborales describe un terreno empantanado. La promesa de que “llegamos todas” choca de frente con la estructura del mercado laboral mexicano, donde las condiciones de inserción, permanencia y remuneración femenina mantienen inercias casi idénticas a las del sexenio anterior. El entusiasmo simbólico de ver a una científica en Palacio Nacional convive con la frustración cotidiana de millones de trabajadoras que enfrentan ingresos castigados y jornadas extenuantes.

Los indicadores de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) revelan que la tasa de participación económica de las mujeres se mantiene estancada por debajo del 47%, frente a más del 75% registrado en el sector masculino. La brecha de participación supera los 28.2 puntos porcentuales, colocando a México entre las economías más rezagadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en incorporación productiva de la mujer. El acceso al empleo formal sigue condicionado por barreras de entrada que ninguna reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva ha logrado destrabar en los hechos.

El núcleo de la asimetría reside en la distribución desproporcionada del trabajo del hogar y de cuidados no remunerado. De acuerdo con datos oficiales, el 63% de las mujeres fuera de la fuerza laboral activa señala las responsabilidades domésticas y familiares como el motivo central que les impide buscar un empleo formal remunerado. Esta carga funciona exactamente igual que un peaje invisible en una autopista: si un conductor debe pagar una cuota obligatoria de tiempo antes de arrancar el coche, invariablemente llegará más tarde y con el tanque medio vacío a la meta que quienes viajan libres de casetas.

En el plano salarial, el panorama no ofrece mejoría sustancial. A pesar de los incrementos decretados al salario mínimo general, la brecha de ingresos por razón de género ronda el 15% en empleos comparables y trepa hasta un 20% promedio en la economía agregada. En el sector formal, las mujeres perciben menores salarios debido a la concentración en puestos de menor jerarquía y a la interrupción de trayectorias profesionales causada por la maternidad. ¿Cómo aspirar a la autonomía económica si el propio diseño del mercado penaliza a quien cuida a la infancia y a los adultos mayores?

La respuesta gubernamental se ha quedado corta frente a la dimensión de la crisis. La creación y despliegue del Sistema Nacional de Cuidados, presentado como la piedra angular de la política de género de la actual administración, avanza con lentitud presupuestal y sin cobertura universal suficiente. La sustitución de guarderías comunitarias y estancias infantiles por transferencias directas de dinero en efectivo en programas previos debilitó la infraestructura pública de cuidados, obligando a las familias trabajadoras a resolver por cuenta propia el resguardo de sus dependientes económicos.

A esta debilidad institucional se suma el peso aplastante de la informalidad. Más del 55% de las trabajadoras mexicanas labora sin contratos formales, sin acceso al seguro social ni derecho a licencias médicas o jubilación. Esta precariedad golpea con especial dureza a quienes laboran en el comercio informal, el trabajo del hogar remunerado y la maquila en los cinturones conurbanos, sectores donde los aumentos de ley al salario mínimo no se reflejan debido a la falta de inspección laboral efectiva por parte de las autoridades competentes.

En el ámbito corporativo, el techo de cristal mantiene su grosor original. Las mujeres ocupan apenas el 14% de las posiciones dentro de los consejos de administración de las empresas inscritas en la Bolsa Mexicana de Valores, mostrando que los puestos de alta dirección y toma de decisiones económicas siguen vetados para el talento femenino. Las leyes de transparencia salarial y los códigos de no discriminación carecen de esquemas punitivos eficaces para auditar a las compañías que continúan pagando salarios desiguales por trabajos de igual valor.

Para la mujer asalariada o de cuenta propia que recorre la ciudad todos los días, la coyuntura exige una reconfiguración de prioridades. Sin una infraestructura estatal sólida que descargue las labores de crianza y atención médica, la inserción económica femenina seguirá supeditada al empleo informal flexible y mal pagado. Lo que está en debate en el Congreso y en los presupuestos federales no es una cifra abstracta, sino la viabilidad de que las trabajadoras puedan ejercer su profesión con sueldos dignos sin pagar el costo del agotamiento físico y emocional.

El balance entre la narrativa política de la paridad en el poder y la realidad material del trabajo evidencia que un liderazgo presidencial femenino no basta para disolver siglos de diseño económico desigual por decreto. Si las políticas de Estado no asumen el costo financiero de cuidar a la sociedad, ¿quién en tu propia familia terminará pagando ese tiempo con su salario y su retiro?