Por Juan Pablo Ojeda
En un giro inesperado en la política mexicana, la diputada Noemí Luna Ayala, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, mostró su total respaldo a los trabajadores del Poder Judicial que están impulsando una consulta popular para que la ciudadanía opine sobre la elección de jueces, magistrados y ministros.
La propuesta surge como respuesta a la creciente preocupación sobre la autonomía del Poder Judicial y la influencia que pueden tener los poderes políticos en la selección de los funcionarios judiciales. Luna Ayala, en conferencia de prensa, explicó que, según la Constitución, la consulta popular es una herramienta legal que permite a la ciudadanía participar activamente en decisiones trascendentales, como lo es la elección de quienes tienen en sus manos la administración de la justicia en México.
La diputada detalló que la consulta puede ser convocada por diversos actores, como el Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión, o incluso por el 2 por ciento de los ciudadanos. Con esa base, recalcó que la movilización de los trabajadores del Poder Judicial, quienes están recolectando firmas para hacer viable esta consulta, representa un esfuerzo valiente y legítimo para dar voz al pueblo en temas clave como el de la selección de jueces y magistrados. «Este es un esfuerzo justo y no se trata de un tema político, sino de una causa legítima», subrayó.
En el evento, también estuvo presente Rafael Covarrubias Mercado, secretario de juzgado, quien hizo un llamado a la ciudadanía para que no vea este asunto como algo exclusivo de la clase política. Según él, el tema de la consulta popular va más allá de las diferencias partidistas y es un deber cívico que debe involucrar a todos los ciudadanos. Recordó que, conforme al artículo 40 de la Constitución, México se constituye como una república democrática, y el equilibrio entre los poderes debe ser garantizado, con una división clara que, a su juicio, debe prevalecer.
Covarrubias se mostró especialmente crítico de la reforma judicial impulsada por el gobierno de la 4T, asegurando que la consulta popular será un mecanismo eficaz para definir si los ciudadanos están o no de acuerdo en que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular. «No sólo invitamos a los opositores a la reforma judicial, también retamos a los votantes de Morena a que participen y nos digan si están a favor de que los jueces sean electos por la gente», comentó.
Por su parte, Francisco Juárez Piña, activista y promotor de la consulta, reveló que ya se ha firmado un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) para habilitar una plataforma tecnológica que permita a los ciudadanos participar en el proceso. Desde septiembre de 2024 y hasta noviembre de 2025, los ciudadanos podrán acceder a la herramienta «Apoyo Ciudadano» para apoyar la recolección de firmas necesarias. Hasta el momento, el movimiento ha reunido más de 100 mil firmas y espera alcanzar el umbral necesario para convocar la consulta antes de agosto de 2025.
María de Guadalupe Marín Valerio, coordinadora técnica administrativa en el Poder Judicial de la Federación, también participó en el evento y aprovechó la ocasión para retar a la presidenta Claudia Sheinbaum a que se sume a este esfuerzo democrático. «Es momento de hacer de esta consulta un acto verdaderamente participativo y no partidista», expresó.
La propuesta de consulta popular busca dar a la ciudadanía un poder real sobre cómo se eligen a quienes tomarán decisiones judiciales clave en el país. Aunque la política mexicana se encuentra, como siempre, marcada por disputas y diferencias ideológicas, este movimiento ha logrado unir a diversos sectores bajo una misma causa: la necesidad de democratizar aún más las instituciones clave del país y garantizar que el Poder Judicial se mantenga independiente, legítimo y representativo del pueblo.