ONU acusa a Israel de desplazamiento forzado de miles de palestinos en Cisjordania y advierte sobre posible limpieza étnica
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusó este viernes 4 de septiembre a Israel de haber desplazado por la fuerza a miles de palestinos de tres campos de refugiados en el norte de Cisjordania y advirtió que las circunstancias de la operación podrían constituir un crimen de lesa humanidad y plantear indicios de una posible limpieza étnica.
De acuerdo con un nuevo informe de la ONU, alrededor de 33 mil palestinos fueron desalojados de los campos de refugiados de Yenín, Tulkarem y Nur Shams durante una operación militar iniciada a principios de 2025. La destrucción de viviendas e infraestructura habría dejado amplias zonas inhabitables y, según Naciones Unidas, los desplazados no han podido regresar.
El organismo considera especialmente preocupante que el desplazamiento haya sido de gran escala, prolongado y sistemático. La ONU señaló que estos elementos generan serias dudas sobre la posible comisión del crimen de traslado forzado, una conducta contemplada por el derecho internacional humanitario en determinadas circunstancias.
Israel rechazó las acusaciones. Sus representantes ante las instituciones internacionales en Ginebra acusaron al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de abandonar la imparcialidad, independencia y neutralidad que, según sostienen, deberían guiar su trabajo.
¿Qué ocurrió en los campos de refugiados?
El informe de Naciones Unidas se refiere principalmente a una operación militar israelí denominada “Muro de Hierro”, iniciada el 21 de enero de 2025 en el norte de Cisjordania.
Israel anunció posteriormente, el 23 de febrero, que sus fuerzas habían desalojado a los habitantes de tres campos de refugiados y que se mantendrían medidas para impedir su regreso.
La operación comenzó apenas 48 horas después de la entrada en vigor de un frágil alto el fuego en la Franja de Gaza. Desde entonces, las acciones militares en Cisjordania han provocado una creciente preocupación internacional por el impacto que tienen sobre la población civil palestina.
Según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, las fuerzas israelíes utilizaron ataques aéreos, excavadoras blindadas y detonaciones controladas, entre otros métodos, que provocaron daños generalizados en los campos y sus alrededores.
La organización sostiene que la destrucción no se habría limitado a daños puntuales derivados de enfrentamientos, sino que habría afectado zonas enteras hasta volverlas inhabitables.
Para el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, esta situación requiere una investigación y una evaluación conforme al derecho internacional, particularmente porque las condiciones creadas en esos lugares dificultan o impiden el regreso de sus habitantes.
La ONU advierte sobre una posible limpieza étnica
Uno de los aspectos más graves del informe es el uso de la expresión “posible limpieza étnica” para describir las preocupaciones derivadas de la operación.
Naciones Unidas sostiene que la combinación del desplazamiento masivo, la destrucción de viviendas y la imposibilidad de regresar podría generar elementos compatibles con prácticas de expulsión sistemática de una población de un territorio.
El organismo también cuestionó que las operaciones se hayan desarrollado en ausencia, según su evaluación, de una necesidad militar imperiosa que justificara las medidas adoptadas.
La ONU advierte que utilizar la destrucción de infraestructura y viviendas como mecanismo para obligar a una población civil a abandonar una zona puede constituir una forma de castigo colectivo, una práctica prohibida por el derecho internacional humanitario.
Sin embargo, las conclusiones contenidas en el informe constituyen señalamientos y preocupaciones jurídicas de Naciones Unidas, no una sentencia judicial que determine de manera definitiva la responsabilidad penal de personas o instituciones israelíes.
¿Por qué son importantes Yenín, Tulkarem y Nur Shams?
Los tres campos afectados forman parte de los 19 campos de refugiados palestinos existentes en Cisjordania y son administrados por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, conocida como UNRWA.
Aunque originalmente fueron establecidos como campamentos para personas desplazadas, con el paso de las décadas se transformaron en zonas urbanizadas donde viven miles de refugiados palestinos y sus descendientes.
Su origen se remonta a la guerra de 1948, cuando alrededor de 700 mil palestinos fueron expulsados o huyeron de sus hogares, principalmente de territorios que posteriormente quedaron dentro del Estado de Israel. Los palestinos denominan este episodio histórico Nakba, palabra árabe que significa “catástrofe”.
Por ello, la destrucción de estos campos tiene una dimensión que va más allá de la pérdida de viviendas. Para numerosas familias palestinas representan también espacios asociados con varias generaciones de refugiados y con una historia de desplazamiento que continúa siendo uno de los asuntos centrales del conflicto entre israelíes y palestinos.
Israel rechaza las acusaciones de la ONU
El gobierno israelí ha rechazado las conclusiones y acusaciones formuladas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas.
Los representantes israelíes en Ginebra acusaron a Volker Türk de dejar de lado los principios de imparcialidad, independencia y neutralidad, y cuestionaron el enfoque adoptado por su oficina.
Israel ha sostenido que sus operaciones militares en Cisjordania responden a necesidades de seguridad y a la lucha contra grupos armados palestinos. Desde su perspectiva, las acciones de sus fuerzas buscan impedir ataques y desmantelar estructuras consideradas una amenaza para la población israelí.
La posición israelí contrasta con la evaluación de Naciones Unidas, que sostiene que las obligaciones de seguridad no eliminan las responsabilidades que establece el derecho internacional respecto a la protección de la población civil.
Un conflicto que se extiende más allá de Gaza
La situación descrita por Naciones Unidas refleja que la guerra y la violencia vinculadas al conflicto palestino-israelí no se han limitado a la Franja de Gaza.
Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967, ha experimentado un aumento de operaciones militares, enfrentamientos, desplazamientos y violencia durante los últimos años.
Para la ONU, la situación de los campos de Yenín, Tulkarem y Nur Shams es especialmente preocupante debido a la combinación de desplazamiento masivo y destrucción física de los lugares a los que sus habitantes deberían poder regresar.
La discusión ahora se centra no solamente en las razones que llevaron a Israel a realizar la operación militar, sino también en las consecuencias a largo plazo para decenas de miles de personas que perdieron sus viviendas y que, según el informe, continúan sin poder regresar.
Las acusaciones de la ONU y el rechazo de Israel evidencian una vez más la profunda disputa internacional en torno a las operaciones militares israelíes en los territorios palestinos. Mientras Naciones Unidas advierte sobre posibles violaciones graves del derecho internacional, Israel defiende sus acciones como parte de sus necesidades de seguridad.
En medio de ambas posiciones permanecen los miles de palestinos desplazados de los tres campos de refugiados, cuya posibilidad de regresar a sus hogares dependerá, en buena medida, de cómo evolucione la situación de seguridad y de las decisiones políticas y jurídicas que se adopten sobre el futuro de estos territorios.
