ONU activa artículo 34 por 130 mil desapariciones documentadas en México

El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas activó este 2 de abril de 2026 el artículo 34 de su Convención Internacional, elevando el caso de México ante la Asamblea General. La resolución se fundamenta en indicadores métricos que señalan la posible configuración de crímenes de lesa humanidad, derivado de una crisis que acumula más de 130 mil personas no localizadas en el territorio nacional desde el año 2006.

El análisis de la ONU no identifica una política sistemática de desaparición ordenada desde el Poder Ejecutivo Federal. Los datos del informe apuntan a un patrón de participación y omisión por parte de autoridades de nivel municipal y estatal, operando en colusión con estructuras del crimen organizado. Esta dinámica descentralizada ha generado un cuello de botella en los procesos de procuración de justicia locales.

El objetivo operativo de la resolución internacional es asegurar cooperación técnica, asistencia financiera y soporte forense para el Estado mexicano. La saturación de los servicios médicos forenses en las 32 entidades federativas requiere una inyección de recursos para acelerar la identificación de cuerpos humanos no reclamados y la confronta de perfiles genéticos.

Por su parte, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitió un documento de rechazo a la métrica utilizada por el Comité. La administración federal sostiene que el organismo internacional omite en su ponderación estadística la inversión y despliegue de instrumentos creados a partir de 2018 para mitigar la crisis.

Entre los indicadores de respuesta gubernamental citados por el Ejecutivo se encuentran la implementación de la Plataforma Única de Identidad y el incremento presupuestal a la Comisión Nacional de Búsqueda. Asimismo, se señala la obligatoriedad administrativa impuesta a las fiscalías estatales para la apertura inmediata de carpetas de investigación sin periodos de espera.

Organizaciones no gubernamentales especializadas en métricas de derechos humanos, como i(dh)eas y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), validaron la metodología del comité. Los reportes de estas entidades cuantifican que la impunidad estructural y la carga procedimental continúan recayendo en los familiares de las víctimas, mermando la eficacia de las plataformas gubernamentales.

El expediente técnico se encuentra ahora bajo la jurisdicción de la Asamblea General en Nueva York. Los 193 Estados miembros deberán someter a votación las partidas de asistencia y los mecanismos de supervisión aplicables a México, definiendo la cantidad de recursos internacionales que serán canalizados para destrabar la identificación forense a nivel nacional.