Morena rechaza pactos de impunidad ante ofensiva del PAN por Ruffo
La dirigencia oficialista exige que exgobernadores presenten pruebas contables y no defensas políticas sobre caso de huachicol fiscal.
Por Juan Pablo Ojeda
La dirigencia nacional de Morena emitió un pronunciamiento de dos cuartillas para frenar la estrategia de blindaje político desplegada por bloques del Partido Acción Nacional (PAN) en favor del exgobernador Ernesto Ruffo Appel. El partido en el gobierno sostuvo que la alternancia democrática no constituye un cheque en blanco para eludir la acción de la justicia.
El comunicado respondió de forma directa al mitin mediático celebrado en Guadalajara, Jalisco, donde el expresidente Vicente Fox y cuatro exmandatarios panistas cerraron filas en torno al político sudcaliforniano. Para la cúpula guinda, la reaparición del antiguo grupo de poder busca sustituir el rigor del juicio penal por declaraciones de amistad y amparo partidista.
Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional del partido gobernante, señaló que la narrativa de persecución política desplegada por la oposición carece de sustento al no presentar contrapruebas documentales sobre el presunto contrabando de combustible. La dirigente cuestionó que los aliados del imputado utilicen la retórica mediática para obstruir las indagatorias de la Fiscalía General de la República.
El señalamiento del oficialismo remarca que los señalamientos contra el exmandatario no son recientes ni exclusivos de la actual administración. El comunicado recordó que figuras del propio panismo, entre ellas el expresidente Felipe Calderón, hicieron referencias públicas en el pasado sobre inconsistencias y presuntos nexos del entorno de Ruffo con el crimen organizado.
Desde la perspectiva del partido gubernamental, el uso de estructuras partidistas para invalidar mandatos judiciales sienta un precedente de privilegio inadmisible en el sistema democrático. La dirigencia afirmó que el único cauce institucional para dirimir la inocencia del imputado radica en las salas de audiencia del Poder Judicial de la Federación.
El caso expone el choque estructural entre las redes de protección de las élites políticas tradicionales y los nuevos mecanismos de fiscalización del Estado. Morena remarcó que las indagatorias de la FGR contra el contrabando de hidrocarburos abarcan a exfuncionarios sin distinción de filiación partidista o peso histórico.
La postura oficial enfatiza que la erradicación del huachicol fiscal exige la eliminación de fueros de facto respaldados por alianzas políticas. El proceso penal contra la empresa Ingemar continuará bajo la supervisión de los jueces federales a cargo del expediente.
