México vuelve a quedar fuera de la seguridad regional de Washington
Tras quedar fuera de Escudo de las Américas, México tampoco figura entre los invitados conocidos a la nueva cumbre de Rubio.
México vuelve a encontrarse fuera de una reunión internacional impulsada por Estados Unidos para definir prioridades de seguridad. El secretario de Estado, Marco Rubio, convocó a representantes de más de 60 países a un encuentro ministerial en Washington sobre el resurgimiento del terrorismo político, pero el Gobierno mexicano no figura hasta ahora entre los participantes públicamente identificados.
La ausencia adquiere relevancia porque no sería un episodio aislado. El 7 de marzo de 2026, México tampoco fue convocado a la cumbre Escudo de las Américas, organizada por el presidente Donald Trump en el complejo Trump National Doral, en Miami, para construir una coalición regional contra los cárteles y el crimen organizado transnacional.
En aquella ocasión participaron dirigentes y representantes de una docena de países de América Latina y el Caribe, entre ellos Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago. México, Brasil y Colombia, las mayores economías latinoamericanas, quedaron fuera de la mesa.
La ausencia mexicana resultó especialmente llamativa porque Donald Trump presentó a México como el epicentro de la violencia generada por los cárteles en el hemisferio. Washington discutió estrategias militares, intercambio de inteligencia y operaciones coordinadas contra organizaciones criminales mexicanas, pero lo hizo sin la presencia del país donde se concentra buena parte del problema descrito.
Cuatro meses después, la escena parece repetirse. La reunión encabezada por Rubio, prevista para mediados de julio en Washington, busca coordinar acciones contra asesinatos políticos, secuestros, amenazas contra gobiernos, ataques a instalaciones públicas, agresiones contra policías y militares, así como sabotajes a infraestructura estratégica.
La convocatoria utiliza la expresión “terrorismo transnacional de extrema izquierda”, una definición impulsada por la administración Trump para agrupar movimientos violentos de inspiración anarquista, antisistema o identificados con organizaciones como Antifa. La Casa Blanca sostiene que la estrategia también puede aplicarse contra grupos violentos de extrema derecha.
Aunque la lista completa de invitados no ha sido publicada, México no aparece entre los gobiernos mencionados en los documentos y reportes conocidos hasta ahora. Tampoco existe una explicación oficial del Departamento de Estado ni de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre si el país fue excluido, rechazó participar o recibió una invitación por canales reservados.
La repetición de estas ausencias abre una interrogante sobre el lugar que Washington está asignando a México dentro de su nueva arquitectura de seguridad. Estados Unidos parece estar construyendo grupos de cooperación con gobiernos considerados confiables, dispuestos a compartir inteligencia y alineados con su definición de las amenazas regionales.
México continúa colaborando con Estados Unidos en migración, tráfico de fentanilo, decomiso de armas, extradiciones y combate a organizaciones criminales. Sin embargo, mantiene diferencias importantes sobre la participación de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano, la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas y la posibilidad de realizar operaciones militares unilaterales.
En este ambiente también pesan las acusaciones formuladas en Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez. Fiscales estadounidenses los señalan de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y de participar en una conspiración relacionada con el tráfico de drogas.
Ambos políticos han rechazado los señalamientos y conservan la presunción de inocencia. El Gobierno mexicano ha declarado que no protegerá a ninguna persona cuando existan pruebas suficientes, pero también ha advertido que no actuará solamente con declaraciones políticas o acusaciones difundidas en medios de comunicación.
Desde la oposición y organizaciones civiles se acusa a las autoridades mexicanas de mantener un blindaje institucional alrededor de Rocha Moya e Inzunza. El Gobierno federal sostiene, en contraste, que debe respetarse el debido proceso y que Estados Unidos tiene que entregar los expedientes mediante los mecanismos oficiales de cooperación jurídica.
Hasta ahora no existe evidencia pública que demuestre que los casos de Rocha Moya e Inzunza hayan provocado la ausencia de México en la reunión convocada por Rubio. Presentar esa relación como un hecho sería especulativo. Los señalamientos, sin embargo, forman parte de un entorno bilateral cada vez más cargado de desconfianza, filtraciones y acusaciones cruzadas.
Escudo de las Américas dejó una primera advertencia: Washington puede discutir el combate a los cárteles mexicanos sin sentar a México en la mesa. La nueva reunión ministerial envía una señal parecida, ahora dentro de una agenda más amplia que mezcla terrorismo, radicalización política, seguridad interior y cooperación internacional.
Quedar fuera no significa la ruptura de la relación bilateral. México sigue siendo un socio imposible de ignorar por la frontera compartida, el comercio y la integración económica. Pero sí muestra que Estados Unidos está construyendo mesas paralelas en las que la cercanía política y la confianza operativa parecen pesar tanto como la importancia geográfica.
La pregunta ya no es solamente por qué México no aparece en una reunión. La discusión de fondo es si Washington comienza a considerar al Gobierno mexicano como un socio indispensable para contener las amenazas, pero no necesariamente como un aliado confiable para diseñar la estrategia.
