Por Bruno Cortés
Las coordinadoras de los Grupos Parlamentarios del PAN en el Senado y la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía Gutiérrez y Noemí Luna Ayala, han dejado clara su postura: no van a convalidar lo que consideran una reforma judicial “ilegal e ilegítima”. En una conferencia de prensa, ambas legisladoras denunciaron que la reciente Reforma Judicial promovida por el gobierno de López Obrador se aprobó bajo amenazas y compra de votos.
¿Por qué el PAN se opone?
El Partido Acción Nacional (PAN) tiene tres grandes preocupaciones respecto a esta reforma:
- Inconstitucionalidad del proceso: Murguía Gutiérrez explicó que la reforma no debió haber sido discutida ni votada, ya que jueces de distrito emitieron suspensiones para detener el proceso. Esto pone en duda la legitimidad del debate.
- Consolidación de un régimen autoritario: Ambas legisladoras califican la reforma como un intento del gobierno de centralizar el poder, lo que debilita la división de poderes y el federalismo. Para ellas, esta reforma pone en riesgo la democracia al concentrar todo el control en un solo grupo político.
- Irregularidades en la aprobación: Se denunciaron irregularidades graves, como el cambio de sede para las sesiones y la falta de tiempo para analizar el proyecto. Según Noemí Luna Ayala, esto fue una jugada para limitar la participación y pasar la reforma rápidamente.
¿Qué contiene esta reforma?
La Reforma Judicial, aprobada el 11 de septiembre de 2024, propone elegir jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte por voto popular. Además, crea un nuevo órgano de administración judicial. Esta reforma ha sido recibida con mucha polémica debido a las dudas sobre su rapidez en el proceso legislativo y las posibles implicaciones políticas.
La postura del gobierno
López Obrador y su partido, Morena, han defendido la legalidad de la reforma, argumentando que todo se hizo dentro de los marcos establecidos. Sin embargo, la oposición no está convencida y asegura que la lucha apenas comienza.
Próximos pasos: la batalla legal
El PAN ya ha anunciado que utilizará todos los recursos legales a su alcance para frenar la reforma. Están preparando:
- Acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
- Juicios de amparo para proteger los derechos de los legisladores y exigir un análisis profundo del dictamen.
- Controversias constitucionales por las irregularidades en el proceso legislativo.
Murguía y Luna señalaron que no asistirán a las próximas sesiones en las que se convalidaría esta reforma, ya que consideran que su presencia no haría más que legitimar algo que consideran un ataque al sistema judicial mexicano.
¿Qué sigue?
Con la aprobación de más de 17 Congresos locales, la Reforma Judicial sigue avanzando, pero la oposición está dispuesta a dar la pelea en los tribunales. El panorama pinta para ser una batalla legal intensa en los próximos meses.