Por Bruno Cortés

En un discurso que olió más a espectáculo que a rendición de cuentas, Ricardo Anaya —coordinador de senadores del PAN— denunció que Morena había «hecho mierda al Poder Judicial» mediante una supuesta farsa electoral el pasado 1 de junio. Acusó fraude, ignorancia, “acordeones” y hasta que la caca empezó a flotar. Pero más allá del tono teatral, el escenario merece un análisis que distinga la espuma del fondo.

Porque esta vez, a diferencia de ejercicios previos, la elección judicial del 1 de junio de 2025 sí fue vinculante, como lo establece la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024 y reglamentada por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es decir: los ganadores sí ocuparán los cargos judiciales, incluyendo las vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó los cómputos, entregó constancias de mayoría y asignó los cargos conforme a reglas de paridad.

Los resultados dejaron fuera de toda especulación a los ganadores: Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Estela Ríos y Sara Irene Herrerías serán ministras, mientras que Hugo Aguilar Ortiz, Giovanni Azael Figueroa, Irving Espinosa y Arístides Rodrigo Guerrero serán ministros. Aguilar Ortiz, con más de 6 millones de votos, se perfila como el primer presidente de la Corte en esta nueva etapa.

Pero Anaya insiste en que el proceso fue ilegítimo. Y aunque tiene razón en que la participación fue baja (cerca del 15%), de ahí a declararlo un “fraude” hay un tramo largo que no se sostiene con pruebas judiciales, al menos hasta ahora. Las irregularidades denunciadas —como las boletas marcadas antes de tiempo o la distribución de “acordeones”— son preocupantes, pero aún no han sido judicializadas como causales de nulidad.

Lo cierto es que, más allá del método de selección, la crisis del Poder Judicial no comenzó el domingo pasado. El sistema judicial mexicano arrastra desde hace años una carga de más de 47 mil expedientes sin resolver, más de 86 mil personas presas sin sentencia, y una impunidad que ronda el 93% de los delitos cometidos en el país. La escasez de jueces, la corrupción procesal y la ineficiencia estructural no son invento del oficialismo; son parte del legado de todos los partidos que han tenido mayoría.

Entonces, ¿fue la elección judicial un error? Tal vez. Fue un proceso poco difundido, confuso para los votantes, y con candidaturas muy cuestionadas. Pero fue legal, constitucional y vinculante. Y si hay algo peor que un mal sistema de justicia, es uno que ni siquiera intenta renovarse. Lo realmente alarmante no es que se haya votado mal, sino que el sistema judicial ya estaba roto antes de que se pusieran las urnas.

Ricardo Anaya tiene derecho a la indignación. Pero no puede fingir que el Poder Judicial funcionaba antes de esta elección como reloj suizo. El desastre no es nuevo, ni tiene una sola firma. Lo que está en juego no es sólo quién ocupa una toga, sino si vamos a seguir jugando a cambiar los nombres sin cambiar las reglas.

Y sí, como dice el senador panista, “la caca flota”. Pero flota desde hace décadas. Y si queremos limpiarla, necesitamos menos frases incendiarias y más voluntad política real.