Gobierno capitalino plantea reformar la Ley de Salud para atender crisis mentales
El Gobierno de la Ciudad de México propuso incorporar formalmente las crisis de salud mental y las emergencias relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas al Sistema de Atención Médica de Urgencias, mediante una reforma a la Ley de Salud local que busca coordinar la respuesta médica, hospitalaria y de protección civil, con prioridad en la atención digna y el uso de medidas de contención menos restrictivas. La iniciativa también plantea destinar porcentajes específicos del presupuesto público a acciones de salud mental y prevención.
La propuesta, enviada al Congreso de la Ciudad de México para su análisis, pretende establecer un mecanismo de actuación conjunta entre los servicios de atención prehospitalaria, hospitales, instituciones de salud, cuerpos de seguridad, protección civil y otras autoridades que intervienen en situaciones de emergencia. El objetivo es evitar respuestas fragmentadas cuando una persona atraviesa una crisis que requiere atención médica y psicosocial.
Uno de los principales cambios consiste en reconocer expresamente estas situaciones dentro del sistema de urgencias capitalino. Con ello, se busca que las crisis de salud mental y los episodios asociados al consumo de sustancias reciban una respuesta oportuna, segura y efectiva, en lugar de quedar sujetos únicamente a los mecanismos generales de atención médica o a la intervención de las corporaciones de seguridad.
La iniciativa plantea que la atención sea inmediata, digna y con la menor restricción posible. Para ello, propone priorizar la desescalada verbal y los primeros auxilios psicológicos antes de recurrir al uso de la fuerza pública, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan. Este enfoque busca reducir los riesgos para las personas en crisis, el personal de emergencia y terceros, además de favorecer una intervención centrada en la atención sanitaria.
En materia presupuestaria, la propuesta contempla que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México destine 5 por ciento de su presupuesto anual a acciones relacionadas con la salud mental. Asimismo, plantea que las alcaldías asignen 10 por ciento de sus presupuestos a la difusión, información y campañas sobre salud mental y atención integral del consumo de sustancias psicoactivas.
Estos porcentajes representan uno de los aspectos que deberán examinarse durante el proceso legislativo, debido a sus posibles implicaciones para la planeación del gasto público. Su aplicación requeriría claridad sobre los conceptos que podrían financiarse, los mecanismos de seguimiento y los indicadores para evaluar si los recursos se traducen en una mayor cobertura de servicios y una atención efectiva para la población.
La reforma forma parte de una propuesta más amplia de legislación sobre bienestar emocional, salud mental y atención integral del consumo de sustancias psicoactivas, con un enfoque comunitario y de derechos humanos. La intención es ampliar la respuesta institucional más allá de la atención de episodios críticos e incorporar acciones de prevención, información y acompañamiento psicosocial.
La legislación vigente de la Ciudad de México ya contempla el ingreso de emergencia para personas con trastornos mentales graves que necesitan atención urgente o que representan un riesgo inmediato para sí mismas o para terceros. La modificación propuesta busca dar un reconocimiento expreso a estas crisis dentro del sistema de urgencias y establecer una coordinación más clara entre las instituciones que deben intervenir.
Sin embargo, la aprobación de una reforma legal no garantiza por sí misma que existan suficientes ambulancias, personal especializado, espacios hospitalarios o servicios comunitarios para atender la demanda. La efectividad de la medida dependerá de su implementación, de la capacitación de los equipos de emergencia y de la disponibilidad de recursos para dar continuidad a la atención después de la intervención inicial.
De acuerdo con el estado legislativo de la propuesta, la iniciativa se encuentra en análisis en el Congreso capitalino, por lo que sus planteamientos presupuestarios y operativos todavía no deben considerarse obligaciones vigentes derivadas de esta reforma. El proceso legislativo permitirá revisar sus alcances, precisar responsabilidades institucionales y determinar las condiciones necesarias para ponerla en práctica.
La discusión coloca sobre la mesa un desafío para las autoridades capitalinas: garantizar que las crisis de salud mental y las situaciones relacionadas con el consumo de sustancias se atiendan como emergencias sanitarias, con protocolos claros y respeto a los derechos humanos. El resultado dependerá no sólo del contenido de la ley, sino de que las instituciones cuenten con capacidad operativa, financiamiento verificable y mecanismos de evaluación.
Fuentes institucionales: Gobierno de la Ciudad de México; Congreso de la Ciudad de México; Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Para la publicación, se recomienda corroborar el texto íntegro de la iniciativa y su turno legislativo en los portales oficiales.
