Fiscalía CDMX aclara estatus legal de Maru Campos tras denuncia de Javier Corral

En un movimiento para disipar las nubes de incertidumbre jurídica, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha establecido, con precisión de bisturí, que es falsa la información que circula sobre una supuesta nueva imputación penal contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. La institución clarificó que el estatus legal de la mandataria permanece sin cambios frente a las últimas acusaciones.

El origen de este revuelo legal y político se remonta a una denuncia formal presentada por el senador Javier Corral Jurado. Tras la exhaustiva revisión y el desahogo de las investigaciones correspondientes por parte del personal de la FGJCDMX, el organismo autónomo determinó el «no ejercicio de la acción penal». Esta resolución se fundamenta en la conclusión de que los hechos reportados no presentan elementos constitutivos de delito, cerrando así la puerta a un enjuiciamiento criminal.

Con respecto al citatorio que Maru Campos recibió y que detonó su reacción, la Fiscalía puntualizó que dicha audiencia no corresponde a una nueva imputación ni a la judicialización del caso. Se trata, más bien, de un procedimiento de «impugnación» promovido por el propio denunciante, Javier Corral, como un recurso legal para inconformarse con la decisión inicial de no proceder penalmente. Es un mecanismo procesal para revisar la determinación de la fiscalía.

Por su parte, la gobernadora Campos Galván reaccionó con vehemencia a través de sus canales de comunicación. En un video, con un tono de preocupación, denunció lo que percibe como un uso faccioso de las instituciones, afirmando que «se ha levantado todo el aparato del poder en mi contra». Ella interpretó el nuevo citatorio como parte de una estrategia para desestabilizar y paralizar la administración estatal que encabeza.

La denuncia de Javier Corral, un episodio más en la compleja relación política entre ambos actores, ha tenido diversos momentos mediáticos. Estas pesquisas de la FGJCDMX son el desenlace de uno de los capítulos legales iniciados por el exgobernador. La historia de sus diferencias, un secreto a voces en los pasillos del poder, ha encontrado en los tribunales un escenario recurrente para sus disputas de carácter político-institucional.

Frente a la reacción de la gobernadora, la fiscalía capitalina ha reiterado, con un tono de sobriedad institucional, su postura: no existe delito que perseguir en este caso concreto y las actuaciones se han apegado estrictamente al marco legal. El organismo ha puesto énfasis en diferenciar entre un proceso penal formal y un recurso de revisión de sus determinaciones por parte de una de las partes.

Este entramado de acusaciones, decisiones de fiscalía y reacciones políticas no es un evento aislado. Forma parte de un contexto más amplio de fricción entre Corral y Campos, que ha marcado la dinámica política en Chihuahua durante los últimos años. Las disputas de este tipo suelen trascender el ámbito puramente legal, convirtiéndose en un barómetro de la tensión política regional.

Con la etapa de «no ejercicio de la acción penal» concluida, el enfoque se centra ahora en el recurso de impugnación de Javier Corral. Su equipo legal buscará revertir la decisión de la fiscalía, una vía que el propio sistema jurídico prevé. Mientras tanto, el gobierno de Chihuahua busca mantener su rumbo y evitar la «parálisis» mencionada por Campos en su mensaje, un tema que seguirá en el radar público.

En resumen, las entrañas jurídicas de este caso revelan que, si bien la tensión política es patente, la Fiscalía de la CDMX no ha encontrado sustento para una nueva imputación. La audiencia por venir no es un juicio, sino una revisión de un proceso que ya fue desestimado inicialmente. Así están las cosas, un reacomodo de piezas en el intrincado ajedrez de las relaciones de poder.