FGR lleva a Ernesto Ruffo a la CDMX para enfrentar audiencia por presunto huachicol fiscal
La Fiscalía General de la República (FGR) trasladó a Ernesto Ruffo a la Ciudad de México, luego de su detención en Ensenada, Baja California, para ponerlo a disposición de un juez federal en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "Altiplano", donde se definirá su situación jurídica por su presunta participación en una red de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
El traslado del empresario comenzó la noche del 16 de julio de 2026, tras un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ensenada. De acuerdo con la información difundida por las autoridades y reportes periodísticos, Ruffo será presentado en las próximas horas ante un juez de control federal para la audiencia inicial.
La investigación ministerial lo señala por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, dentro de un esquema relacionado con el denominado huachicol fiscal, modalidad que consiste en introducir, comercializar o distribuir combustibles mediante mecanismos irregulares para evadir impuestos y controles aduaneros.
Según las indagatorias de la FGR, Ernesto Ruffo estaría vinculado a la empresa Ingemar, de la cual sería accionista mayoritario. La fiscalía sostiene que la compañía formaría parte de una estructura utilizada para la comercialización ilegal de combustibles, aunque será durante el proceso judicial cuando se presenten las pruebas y argumentos que sustenten dicha imputación.
El caso adquirió relevancia nacional luego del aseguramiento de más de 15 millones de litros de hidrocarburo, considerado uno de los decomisos más importantes relacionados con el combate al tráfico ilegal de combustibles en México. Las investigaciones buscan determinar la responsabilidad de personas físicas y morales presuntamente involucradas en esta red.
La audiencia inicial será determinante para el desarrollo del proceso penal. En ella, el Ministerio Público Federal formulará la imputación y solicitará, en su caso, la vinculación a proceso, mientras que la defensa podrá presentar argumentos para controvertir las acusaciones. Asimismo, el juez resolverá si existen elementos suficientes para iniciar formalmente el proceso penal y si procede la imposición de medidas cautelares, incluida la prisión preventiva justificada solicitada por la fiscalía.
Hasta el momento, las autoridades federales no han informado sobre una sentencia o resolución definitiva en contra del imputado, por lo que prevalece el principio constitucional de presunción de inocencia. La situación jurídica de Ernesto Ruffo dependerá de las determinaciones que adopte el juez federal durante las próximas horas.
La FGR ha reiterado que las investigaciones contra las redes dedicadas al robo y contrabando de combustibles forman parte de la estrategia federal para combatir los delitos que afectan la recaudación fiscal, el mercado energético y la seguridad nacional. Se espera que, conforme avance el proceso, la dependencia informe sobre los resultados de la audiencia y el estado de la investigación.
