FGR investiga nexos de Ernesto Ruffo en red de huachicol ferroviario
La FGR expone un sofisticado esquema de robo de combustible. Legisladores exigen auditoría total sobre la vigilancia de las rutas ferroviarias.
Por Juan Pablo Ojeda
La Fiscalía General de la República (FGR) ha destapado una red de robo de combustible que operaba bajo el mando de Ernesto Ruffo, utilizando la red ferroviaria del país como su principal vía de distribución. La investigación, ahora en manos del Poder Judicial, pone en evidencia la falta de protocolos de seguridad eficaces en los trayectos de carga, permitiendo que toneladas de hidrocarburos fueran desviadas ante la pasividad de los entes reguladores.
El expediente detalla que la red operaba mediante la subdeclaración de cargamentos. Mientras los registros oficiales mostraban solo el 10% del combustible real transportado, la red comercializaba el excedente en el mercado negro, evadiendo así los controles gubernamentales y las auditorías de seguridad energética.
Legisladores y organismos de vigilancia han exigido una rendición de cuentas inmediata respecto a cómo esta red logró operar sin ser detectada durante años. Se cuestiona la supervisión de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la falta de alertas tempranas ante el flujo inusual de producto sin respaldo fiscal.
El rastreo del dinero ha permitido a la FGR identificar flujos financieros hacia cuentas vinculadas a empresas de logística que servían de fachada para la operación de Ruffo. Estos movimientos fueron detectados tras una serie de auditorías que revelaron incongruencias entre los volúmenes de producción reportados y la capacidad de almacenamiento instalada.
La complicidad necesaria para mover tales volúmenes de combustible apunta a posibles omisiones por parte de autoridades en los puntos de carga. La FGR trabaja bajo la premisa de que no solo hubo una falla en la vigilancia, sino un posible esquema de sobornos que permitía el paso libre de los trenes cargados con combustible ilícito.
Este caso reabre el debate sobre la seguridad en las concesiones ferroviarias. La opacidad en la cadena de suministro no solo genera pérdidas multimillonarias, sino que también financia estructuras criminales que amenazan la estabilidad de la infraestructura estratégica nacional, exigiendo una reestructuración de los controles de seguridad.
La FGR ha notificado que procederá con la confiscación de los activos detectados y la posible inhabilitación de las empresas involucradas. Este golpe al patrimonio del grupo de Ruffo es visto como una prueba clave para medir la capacidad de la administración actual en su lucha contra la corrupción en el sector energético.
