La aprobación se dio tras la remisión de la minuta por parte del Congreso de la Unión a los congresos estatales. La reforma plantea cambios a los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la adición de un párrafo al artículo 134, con el objetivo de limitar el número de regidurías municipales, ajustar el presupuesto de los congresos locales y establecer topes a las remuneraciones de funcionarios electorales.

Durante la sesión, 18 legisladores de distintas fuerzas políticas subieron a tribuna para fijar posicionamientos, reflejando la polarización en torno a la reforma. Morena y sus aliados defendieron el dictamen, mientras que la oposición cuestionó su alcance y posibles efectos en la autonomía de las instituciones electorales.

Desde la mayoría legislativa, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama argumentó que la reforma no sólo reduce el gasto público, sino que también combate privilegios en la alta burocracia. En la misma línea, Yuriri Ayala Zúñiga sostuvo que el “Plan B” fortalece la vida democrática del país al promover una mayor austeridad y eficiencia institucional.

Otros legisladores de Morena coincidieron en que la medida responde al mandato ciudadano de transformar el sistema político, al priorizar el uso racional de recursos públicos y consolidar un modelo de gobierno basado en la austeridad republicana.

En contraste, diputados del PAN advirtieron que la reforma no atiende problemas estructurales como la injerencia del crimen organizado en procesos electorales. Además, señalaron que los cambios podrían debilitar al árbitro electoral y afectar la equidad en la contienda política.

Posturas críticas también emergieron desde otras bancadas. Movimiento Ciudadano calificó la reforma como una modificación “cosmética” sin cambios de fondo, mientras que el PRI cuestionó su legitimidad y advirtió riesgos para la democracia. En tanto, legisladores del PVEM y PT respaldaron la minuta al considerar que orienta el gasto público hacia necesidades sociales y reduce privilegios.

El aval del Congreso capitalino se suma al proceso nacional de aprobación de reformas constitucionales, que requiere el respaldo de la mayoría de los congresos estatales. El debate en torno al “Plan B” continúa a nivel nacional, donde especialistas y organismos han advertido tanto posibles beneficios en términos de austeridad como riesgos para la autonomía electoral.

De acuerdo con información institucional del propio Congreso de la Ciudad de México, la discusión forma parte de las facultades del Constituyente Permanente, lo que implica la participación de los congresos locales en la validación de cambios constitucionales de alcance federal.