Elecciones 2027: cuándo cuenta la propaganda como gasto de precampaña

Los lineamientos publicados el 13 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) precisan qué gastos deben registrarse antes de las campañas de 2027. El Instituto Nacional Electoral (INE) distingue los recursos ordinarios de los partidos de los que benefician a una precandidatura. También fija reglas para aspirantes independientes durante el periodo en que buscan apoyo ciudadano.

El acuerdo del Consejo General y sus lineamientos incluyen propaganda en la vía pública, inserciones pagadas en prensa, producción de mensajes de audio y video, anuncios en internet y determinadas encuestas. Incluyen además gastos operativos, como personal eventual, viáticos o alquiler relacionado con el proceso. Estos son conceptos especificados para fiscalización, no una lista de sanciones automáticas.

Una regla concreta afecta a la propaganda ordinaria que ya está colocada. Los partidos deben retirar, a más tardar tres días antes de comenzar la precampaña, la publicidad genérica e institucional difundida con cargo a su operación ordinaria. La regla alcanza, por ejemplo, piezas que muestran emblemas o lemas partidistas sin identificar una precandidatura, en los términos del artículo 20.

Si esa propaganda permanece durante la precampaña, corresponde contabilizar el gasto. En su caso, el importe se reparte entre las precampañas beneficiadas, considerando dónde se difundió y cuáles procesos se desarrollan en ese ámbito. Su presencia por sí sola no prueba una infracción: el acuerdo explica la consecuencia contable y la relación con los topes, sin convertir automáticamente cada anuncio en un caso sancionable.

El nombre que reciba un proceso interno tampoco resuelve por sí mismo la fiscalización. El artículo 17 se refiere a partidos y a quienes participan en la selección interna de candidaturas, independientemente de cómo se les denomine y de que hayan obtenido registro formal. Eso permite revisar los actos comprobados y el beneficio que generaron, no inferir un resultado a partir de un rótulo.

Las inserciones pagadas en prensa tienen una obligación de identificación clara. El texto señala tanto a la parte contratante como al medio impreso para distinguir una inserción de propaganda de otros contenidos. Al observar una pieza en la calle o en línea, su apariencia no basta para saber quién la pagó, cuánto costó o qué monto se reportó: esas preguntas requieren documentos y revisión.

Para las aspiraciones independientes, la obtención del apoyo de la ciudadanía es una fase distinta de los procesos internos de los partidos. Entre otras reglas, el artículo 7 exige llevar los registros de ingresos y egresos en el Sistema Contable. El acuerdo también describe gastos operativos, mensajes y actividades públicas vinculadas con ese periodo, sin fijar aquí un calendario único para todos los cargos locales.

La fiscalización no se agota en lo que aparece en un informe. Los antecedentes del acuerdo explican que el INE prevé monitorear propaganda y realizar verificaciones. Si detecta actos atribuibles a una persona sin registro formal como precandidata, contempla notificar los hallazgos y darle oportunidad de responder y aportar documentos. Un hallazgo y una resolución final son etapas distintas.

La publicación aporta una referencia para seguir el dinero desde antes de campaña. El micrositio electoral del INE reúne el calendario del proceso; no conviene aplicar una fecha de inicio local a todo el país. Cuando haya informes y resoluciones, la comparación útil será entre el periodo, los sujetos obligados y la clase de gasto correspondiente.

Ilustración generada con IA. Crédito: Maya Comunicación.