Por Bruno Cortés
En una jornada marcada por el caos y la confrontación, el Senado de México aprobó un controvertido dictamen de supremacía constitucional que podría redefinir el equilibrio de poderes en el país. La reforma, respaldada por el partido en el poder, Morena, y sus aliados, fue aprobada con 85 votos a favor, 41 en contra y ninguna abstención, en una sesión donde la tensión entre legisladores alcanzó niveles insostenibles. Mientras la oposición alzaba carteles con mensajes como «Morena, la dictadura», el ambiente se tornó explosivo, reflejando la polarización política que vive México.
La reforma modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución, estableciendo que no procederán amparos ni controversias constitucionales contra reformas aprobadas por el Congreso. Esta medida centraliza el poder en el Legislativo y elimina la posibilidad de impugnación judicial, lo que ha desatado alarmas en la oposición, que acusa al gobierno de Morena de debilitar los contrapesos judiciales esenciales para una democracia funcional.
Desde el inicio de la sesión, el ambiente fue tenso. Senadores de partidos como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano desplegaron carteles y utilizaron altavoces para interrumpir a sus colegas de Morena, quienes a su vez respondían con gritos de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum. En este escenario, la senadora Carolina Viggiano del PRI intentó hacerse escuchar usando un megáfono, mientras la mayoría oficialista se cerraba en su postura.
El presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, optó por no controlar la situación, permitiendo que el debate se volviera un campo de batalla verbal. La estrategia de Morena fue clara: acortar el debate y llevar rápidamente la votación. Fernández Noroña, al final de la sesión, ironizó diciendo que la oposición había «agilizado» el proceso, desestimando las preocupaciones de quienes consideran que esta reforma es un ataque directo a la democracia.
Las críticas de la oposición fueron contundentes. El senador Ricardo Anaya advirtió que esta reforma elimina cualquier posibilidad de impugnación legal, incluso ante reformas que puedan vulnerar derechos fundamentales. “Si ustedes cantan una reforma constitucional sin mayoría, no habrá recurso posible para defenderse”, sentenció. La senadora Claudia Anaya, por su parte, resaltó que la reforma viola el artículo primero constitucional, que garantiza la progresividad de los derechos humanos, y que pone en riesgo compromisos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos.
En medio de este escenario caótico, la reforma de supremacía constitucional fue finalmente aprobada con el respaldo mayoritario de Morena, el PT y el PVEM. Esta decisión, tomada en medio de una sesión de gritos y carteles, marca un hito en la política mexicana, consolidando el control del Congreso sobre los procesos constitucionales y abriendo un nuevo capítulo en la lucha por el equilibrio de poderes.
La próxima parada para esta polémica reforma será la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados también cuentan con una mayoría calificada. Los próximos pasos serán cruciales, no solo para la estructura de poder en México, sino también para la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. A medida que este proceso avanza, la pregunta que queda en el aire es: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Congreso en su búsqueda de poder absoluto?