Por Juan Pablo Ojeda

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión para posponer la segunda elección de juzgadores federales y locales, trasladando la fecha original de 2027 al domingo 4 de junio de 2028. La reconfiguración del calendario electoral responde a un análisis de saturación logística ante el volumen de cargos en disputa. El proyecto técnico busca segmentar la base de datos de aspirantes y simplificar el procesamiento operativo de los sufragios en los distritos electorales.

El diagnóstico que sustenta la modificación fue elaborado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, encabezada por Luisa María Alcalde. La evaluación técnica determinó que la coincidencia de los comicios judiciales con las elecciones ordinarias de 2027 generaría un colapso en la instalación y manejo de las casillas. Durante ese año, el país tiene programada la renovación de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos, lo que duplicaría los requerimientos de infraestructura física.

Los datos cuantitativos del proyecto indican que la jornada de 2028 someterá a votación un total de 4,114 puestos dentro de la estructura judicial de la República. El desglose oficial contempla la elección de cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del TEPJF, 463 magistrados de tribunales colegiados de circuito y 385 jueces de distrito. En el ámbito de los estados, el proceso abarcará la renovación de 424 magistraturas y 2,831 juzgados locales distribuidos en 25 entidades federativas.

La propuesta legislativa introduce una reducción en el número de candidaturas permitidas para los órganos superiores, con el fin de disminuir el tamaño de la documentación impresa. Las listas de aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se contraerán de 81 a 54 nombres; el Tribunal de Disciplina Judicial reducirá su listado de 45 a 30 perfiles, mientras que las opciones para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajarán de 63 a 42 postulaciones.

En el plano metodológico, la reforma plantea la creación de una Comisión Coordinadora tripartita, integrada por representantes de los comités de evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este organismo técnico centralizará la verificación de requisitos formales, homologará los tabuladores de calificación y diseñará la aplicación de exámenes de conocimientos estandarizados. El esquema busca depurar los perfiles antes de la conformación final de las boletas.

El rediseño del sistema de votación estipula que las elecciones judiciales y ordinarias compartan la misma ubicación geográfica de casillas, eliminando la duplicidad de centros de votación. Asimismo, la iniciativa abre la viabilidad técnica para que el ejercicio de junio de 2028 coincida cronológicamente con la eventual jornada de revocación de mandato presidencial, concentrando los recursos logísticos del órgano electoral en un solo despliegue masivo.

Esta reestructuración toma como antecedente estadístico la primera elección judicial de la historia de México, celebrada en 2025, la cual registró un índice de participación ciudadana estimado en el 13 por ciento. Los reportes de evaluación post-electoral de dicho proceso señalaron fallas operativas severas debido a la complejidad semántica de la papeleta y a la dificultad de los ciudadanos para identificar las trayectorias de los candidatos, factores que la nueva propuesta busca corregir mediante la simplificación de las plantillas por especialidad.