Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó de forma categórica las afirmaciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, respecto a la existencia de un «narcogobierno» en la administración federal mexicana. Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal precisó que los señalamientos del líder de la Casa Blanca no aluden a su gestión y confirmó que ha desmentido dicha narrativa en los canales de comunicación directa que sostienen ambos mandatarios.
Para estructurar la respuesta institucional ante las tensiones diplomáticas, el Gobierno de México oficializó un calendario de reuniones de alto nivel con funcionarios de las agencias de seguridad y control de drogas de Estados Unidos. El cronograma operativo inicia este jueves y viernes con la visita del director del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Posteriormente, el lunes siguiente arribará Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), concluyendo la jornada el 27 de mayo con la recepción del embajador Jamieson Greer.
El diseño de esta agenda bilateral se presenta en un contexto de fricción derivado de las acciones de la justicia estadounidense en el estado de Sinaloa. La mandataria nacional desestimó que la entrega voluntaria de los exsecretarios estatales Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) represente un riesgo estructural o financiero para la estabilidad de la federación. Los indicadores institucionales descartan afectaciones en la gobernabilidad tras el sometimiento de ambos exfuncionarios.
La postura macroeconómica y de seguridad de México se centrará en exigir a Washington indicadores medibles en tres ejes críticos: la reducción del consumo interno de estupefacientes en territorio norteamericano, el freno al contrabando de armas de fuego hacia los estados de la frontera sur y el desmantelamiento de las redes de lavado de dinero que operan en el sistema bancario estadounidense. El enfoque mexicano prioriza la prevención de las adicciones sobre las intervenciones de fuerza.
La administración federal rechazó las interpretaciones de analistas que califican al partido gobernante como un «narcopartido», aduciendo que tales adjetivaciones corresponden a los discursos de los sectores políticos desplazados del régimen anterior. El Ejecutivo enfatizó la ausencia de convenios extraordinarios o acuerdos al margen de la ley con organizaciones delictivas de carácter operativo o financiero dentro del territorio nacional.
En el plano de los límites geográficos y de competencia judicial, México reiteró que el intercambio de información de inteligencia civil y militar con las agencias extranjeras se mantendrá supeditado a los marcos constitucionales de soberanía. Los despliegues logísticos dentro del territorio nacional corresponden exclusivamente a los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, inhabilitando la intervención de agentes binacionales en tareas de captura.
El balance de las próximas mesas de trabajo técnico determinará el rumbo de las transferencias de datos delictivos entre ambos países para el periodo de mediano plazo en 2026. Los lineamientos de la Cancillería mexicana estipulan que la cooperación interestatal debe operar bajo un principio de simetría bilateral, donde cada nación asuma el control operativo de sus fronteras y regule las transacciones monetarias sospechosas dentro de sus propias jurisdicciones.
