Por Juan Pablo Ojeda

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ordenó una auditoría financiera a Petróleos Mexicanos (Pemex) para evaluar la legalidad de los recortes aplicados a las pensiones de un sector de sus extrabajadores. La revisión técnica se centrará en expedientes de jubilados cuyos ingresos declarados se sitúan por debajo de los 70 mil pesos mensuales. El Ejecutivo federal instruyó a las instancias correspondientes a revertir de forma inmediata cualquier descuento que carezca de sustento administrativo.

El procedimiento de fiscalización fue asignado a la Auditoría y Control de la Función Pública (ACFEY) en coordinación directa con la dirección de la empresa productiva del Estado. Los requerimientos oficiales exigen que Pemex precise la cifra exacta de trabajadores afectados por las deducciones, así como el monto acumulado que se les retuvo de sus depósitos. Esta medida busca deslindar si las reducciones corresponden a una interpretación errónea de los tabuladores vigentes.

La controversia financiera tiene su origen en la implementación operativa de la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha modificación constitucional estipula un tope máximo para las pensiones de los exservidores públicos de organismos descentralizados, fijando el límite en el 50% de la percepción neta de la titular del Ejecutivo. El objetivo de la norma es la supresión de las denominadas pensiones doradas dentro de la administración pública federal.

El análisis de los recibos quincenales presentados por los trabajadores petroleros evidenció un desfase en la aplicación de las fórmulas de descuento por parte del área de capital humano de Pemex. La mandataria relató la inspección directa de un comprobante de ingresos que registraba un pago de 70 mil pesos correspondientes a un periodo quincenal y no mensual, lo que desató la reclasificación del caso para su revisión de fondo en las mesas técnicas.

Las denuncias por estas retenciones se suman a un pliego de reclamos previos acumulados por la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (Untypp). La organización sindical documentó desde marzo de 2026 que el personal en retiro no ha percibido el incremento salarial que fue autorizado formalmente desde agosto de 2025. Esta falta de homologación financiera contrasta con la situación de otros gremios del sector que ya liquidaron dicho incremento.

La mesa de atención ciudadana del Gobierno Federal centralizará la recepción de los documentos probatorios de los jubilados afectados para agilizar los trámites de restitución de fondos. Los lineamientos emitidos por el Palacio Nacional establecen que los programas de austeridad institucional no deben vulnerar los derechos adquiridos de los trabajadores de niveles operativos y técnicos medios, protegiendo sus percepciones mensuales.

El informe técnico definitivo que elabore Pemex y la ACFEY determinará el impacto presupuestal de los reembolsos requeridos y los ajustes necesarios en el sistema de nómina centralizada de la paraestatal. La resolución de este expediente sentará un precedente sobre el método de cálculo que el sector energético del país debe aplicar para armonizar los topes constitucionales con los contratos colectivos de trabajo vigentes.