Por Juan Pablo Ojeda

«Fue de una manera preventiva, ahí se va a explicar en el documento», declaró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al confirmar el bloqueo de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La determinación, anunciada durante la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, se originó a partir de una solicitud de captura internacional emitida por agencias de seguridad de los Estados Unidos contra diez excolaboradores y funcionarios de la administración de Sinaloa.

La mandataria federal precisó que la intervención de la UIF responde a protocolos automáticos de la banca comercial ante alertas emitidas por instituciones financieras corresponsales en el extranjero. «Dado que hay una orden de aprehensión en EE.UU. contra diez personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas», argumentó Sheinbaum. El anuncio traslada formalmente la investigación judicial estadounidense al terreno de las restricciones financieras operadas en territorio mexicano.

El expediente penal que detona la medida cautelar señala a Rocha Moya y a otros nueve integrantes de su círculo político de brindar protección institucional a la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa. Los cargos fincados por las autoridades estadounidenses contemplan presuntos delitos de narcotráfico, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de fuego. Las investigaciones apuntan al cobro sistemático de sobornos de cuantía millonaria a cambio de omitir la persecución penal de la organización delictiva.

La lista de servidores públicos involucrados en las órdenes de aprehensión comprende al alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; al exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez; al secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, y al senador morenista Enrique Inzunza. La implicación de los titulares de las áreas de finanzas y seguridad del estado establece un nexo directo entre la gestión de los recursos públicos y la estructura de protección bajo investigación.

El curso de las indagatorias cambió el pasado viernes 15 de mayo al confirmarse la entrega voluntaria de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega ante funcionarios de la justicia estadounidense. Ambos exsecretarios de Estado se pusieron a disposición de las autoridades norteamericanas en medio de versiones que señalan el inicio de un esquema de cooperación procesal con los fiscales del caso. La comparecencia de los encargados de la fuerza policial y de las arcas estatales debilita la postura de la defensa de la administración local.

El sometimiento de Mérida y Díaz Vega ante los tribunales norteamericanos redirecciona las pesquisas desde los mandos policiales operativos hacia el entramado financiero que sostenía el andamiaje político en Sinaloa. Los testimonios de los exfuncionarios aportarán datos clave sobre el método de dispersión de los recursos provenientes de actividades ilícitas dentro de la estructura gubernamental. La UIF mantiene el aseguramiento de los activos para evitar movimientos de fondos que entorpezcan el desarrollo de las investigaciones bilaterales.

El Poder Ejecutivo federal reiteró que la UIF publicará un informe detallado donde se desglosarán los fundamentos legales específicos del bloqueo de las cuentas bancarias de Rocha Moya. El caso representa uno de los momentos de mayor escrutinio sobre la administración sinaloense debido a la concurrencia de procesos judiciales en el extranjero y medidas de control financiero a nivel doméstico. Las autoridades ministeriales de ambos países mantienen el intercambio de información correspondiente para deslindar las responsabilidades penales de cada uno de los señalados.