Clan Taddei en Sonora desde 2014: contratos millonarios y vínculo con Durazo
El Universal documenta el despegue desde 2014 de la red ligada a Taddei y los Hernández Casillas; Durazo admite haber impulsado nombramientos familiares y cita contratos por más de 2 mil mdp.
Por Juan Pablo Ojeda El Universal publicó el 6 de noviembre de 2026 una reconstrucción del origen de la red empresarial ligada a Guadalupe Taddei Zavala y a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. Según el reportaje, cuando Taddei llegó en 2014 a la presidencia del entonces Instituto Estatal Electoral (IEE) de Sonora, esos proveedores ya operaban como intermediarios o “coyotes” en organismos electorales locales; fuentes anónimas cercanas a la investigación dijeron al diario que ella “quiso tomar las riendas del negocio” y que después llevó ese vínculo al Instituto Nacional Electoral (INE) al asumir su presidencia en 2023.
El título del diario cifra en unos 2 mil millones de pesos la suma de contratos asociados a esa trayectoria. El 5 de noviembre, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en un posicionamiento titulado “La democracia no es un negocio”, habló de contratos superiores a 2 mil millones de pesos entre 2014 y 2023, más otros 646 millones entre 2024 y 2025, atribuidos a una estructura empresarial que, dijo, simulaba competencia. Un reportaje previo del mismo diario, del 26 de octubre, documentó con registros de auditoría más de mil millones de pesos en Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de al menos 13 entidades para un conglomerado de siete empresas vinculadas a los Hernández Casillas.
De acuerdo con la reconstrucción periodística, el esquema partió de Formas Finas y Materiales (familia Carranza Sordo, 1997) y de Cajas Graf (1993, después cedida a Raymundo Hernández Casillas). Las firmas intermediaban impresión de material electoral y, según las fuentes del diario, pedían comisiones a funcionarios de mediano rango o, más adelante, a impresores con facturas infladas. Tras enemistarse con los Carranza hacia 2011-2012, los Hernández Casillas ampliaron la red con Corporativo Zeg (Alejandro Olaya Ortiz) y Comercializadora JVLY (Luz María Yáñez Pimentel), creadas en 2015 para simular competencia en licitaciones; se sumó Seriplast de México, ligada a Patricia Velázquez Sánchez, esposa de José Alfredo. Para la elección de 2021, las mismas fuentes hablaron de más de mil millones de pesos bajo ese esquema; en la elección judicial de 2025 citaron cerca de 200 millones adjudicados con influencia del llamado “clan Taddei”.
El diario menciona a Jesús Octavio García González —coordinador de asesores en el OPLE de Veracruz y después director ejecutivo de Administración del INE— como uno de los funcionarios de mediano rango que pactaban con los Hernández Casillas. Algunas fuentes afirman que él presentó a José Alfredo con Taddei en 2015; el propio medio aclara que esa versión no ha podido comprobarse. También señala que, con García González en Administración, las adjudicaciones directas crecieron frente al peso de las licitaciones de la etapa de Lorenzo Córdova, y que Talleres Gráficos de México y otras imprentas elevaron denuncias ante lo que el gremio consideraba un “secreto a voces”, con cartas enviadas a Palacio Nacional.
En paralelo, queda documentada la cercanía política de Alfonso Durazo con integrantes de la familia Taddei, sin confundirla automáticamente con los contratos de material electoral. El 4 de agosto de 2025, Durazo designó secretario particular a Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe; el gobernador dijo después que el nombramiento respondió a méritos propios —asesor en el Congreso de Sonora y trabajo en la Consejería Jurídica— y que permanecerá en el cargo mientras no haya investigación que lo vincule a irregularidades. El 29 de octubre de 2026, tras la renuncia de Guadalupe al INE, Durazo rechazó que exista un “clan Taddei” y afirmó: “Si hay clan Taddei, soy autor intelectual involuntario”.
En esa misma conferencia, el mandatario reconoció haber recomendado perfiles de la familia al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Relató que impulsó a Jorge Luis Taddei Bringas, primo de Guadalupe, como delegado de Bienestar en Sonora en 2018; que invitó personalmente a Celeste Taddei a una candidatura de Morena; y que mencionó ante López Obrador a Pablo Taddei Arriola para encabezar LitioMx, tras una conversación en Bacadéhuachi sobre su doctorado. Sobre Guadalupe, dijo haberla conocido en 2021 durante su campaña a la gubernatura, haber valorado su actuación en el IEE de Sonora y negar haber intervenido en su llegada al INE, que ocurrió por insaculación en la Cámara de Diputados.
Un recuento periodístico con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia ubicó sueldos anuales de varios familiares en cargos federales y sonorenses —entre ellos Rogelio como secretario particular, Pablo en LitioMx, Jorge Luis en Bienestar e Ivana Celeste como diputada local— en un conjunto cercano a 12 millones de pesos al año, cifra que incluye el salario que percibía Guadalupe en el INE. Durazo ha insistido en que esos espacios responden a trayectorias individuales y en que no se puede estigmatizar a nadie solo por el apellido.
Lo que sí queda asentado es el cruce temporal: el despegue de la red de proveedores desde la etapa de Taddei en Sonora (2014), la expansión a OPLE e INE documentada por auditorías y medios, y el respaldo político de Durazo a nombramientos familiares en gobiernos de Morena. El gobernador, el 5 de noviembre, pidió que las investigaciones lleguen hasta el fondo “sin privilegios” y rechazó que se atribuya a Morena la responsabilidad de prácticas que, según su relato, vienen de décadas. Corresponde a la ASF, a la UIF y a la Fiscalía precisar montos, responsables y si hubo tráfico de influencias o conflicto de intereses, más allá de las calificaciones periodísticas y de los posicionamientos políticos.
Hasta el 6 de noviembre de 2026, los hechos verificados separan tres planos: la historia empresarial de los Hernández Casillas y Cajas Graf; los contratos millonarios en OPLE e INE documentados por auditorías y reportajes; y el respaldo político de Durazo a nombramientos de la familia Taddei. No está confirmado, en la cobertura revisada, que las imprentas de ese círculo tuvieran contratos directos con el gobierno de Durazo, ni una sentencia que acredite el “coyotaje” descrito por fuentes anónimas. Esa distinción importa para no mezclar indicios, declaraciones y conclusiones judiciales.
