Brugada propone resolver conflictos por la vía cívica; persisten retos de aplicación y supervisión

Ciudad de México, 19 de octubre de 2026.— El Gobierno de la Ciudad de México presentó una iniciativa para reformar la Ley de Cultura Cívica con el propósito de atender conflictos comunitarios antes de que deriven en hechos de violencia. El proyecto, impulsado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, plantea ampliar los mecanismos de mediación, reparación del daño y justicia restaurativa, además de fortalecer los juzgados cívicos y crear centros especializados para resolver disputas vecinales.

La propuesta contempla la creación de los Calpullis de Paz, la incorporación de agentes psicosociales restaurativos y la implementación de juicios orales con audiencias públicas. Sin embargo, al tratarse de una iniciativa legislativa, sus alcances definitivos dependerán de la discusión y aprobación del Congreso de la Ciudad de México, así como de las reglas que se establezcan para su aplicación.

Durante su presentación en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada sostuvo que el objetivo es pasar de un modelo centrado en sancionar las infracciones a otro que permita identificar sus causas, intervenir de manera temprana y reducir la reincidencia. La mandataria señaló que el proyecto fue trabajado durante más de un año en el Gabinete de Construcción de Paz.

Uno de los puntos más relevantes es la posibilidad de resolver por la vía cívica determinadas conductas de baja gravedad, incluidos algunos casos de daños a bienes muebles e inmuebles cuyo valor no supere las 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes, según lo expuesto por las autoridades, a alrededor de 5 mil 800 pesos. Las medidas podrían incluir la reparación del daño, el arresto o el trabajo en favor de la comunidad, conforme a los supuestos y condiciones que establezca la legislación.

La iniciativa también considera una vía cívica para ciertos casos de robo de bienes de bajo valor, siempre que no exista violencia ni reincidencia y se cumplan las condiciones previstas en la propuesta. De acuerdo con el planteamiento del Gobierno capitalino, estos mecanismos no implican modificar el Código Penal ni suprimir la posibilidad de acudir al Ministerio Público. Las personas afectadas podrán recurrir a la vía penal cuando corresponda, por lo que será fundamental delimitar con precisión qué conductas pueden atenderse mediante cada procedimiento.

La consejera jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, explicó que el modelo se articula en seis pilares: promover hábitos y reglas de convivencia; resolver conflictos de manera eficiente; anticipar riesgos; fomentar la mediación y el diálogo; transformar conductas, y dar acompañamiento y seguimiento a los casos.

En este esquema, los Calpullis de Paz funcionarían como centros de gestión de conflictos sociales y comunitarios, con posibilidad de instalarse en Utopías, PILARES y otros espacios públicos. Su propósito sería facilitar la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa para atender diferencias vecinales sin que necesariamente lleguen a instancias judiciales o se conviertan en episodios de violencia.

Otro componente es la incorporación de agentes psicosociales restaurativos, quienes evaluarían factores emocionales y sociales relacionados con las conductas infractoras. A partir de estas valoraciones, podrían canalizar a las personas a servicios psicológicos, tratamientos para las adicciones, programas educativos y alternativas de capacitación o empleo. La efectividad de este mecanismo dependerá de la disponibilidad de especialistas, los recursos presupuestales y la coordinación con las instituciones responsables de prestar esos servicios.

En materia de seguridad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, indicó que las estrategias La Policía Cerca de Ti y Código 1: Policía en tu Calle contribuirán a detectar y atender conductas que afectan la convivencia. Entre ellas se encuentran las riñas, la intimidación, el maltrato, el consumo de alcohol en espacios públicos, el maltrato animal, el uso imprudente de objetos peligrosos y los daños a bienes, así como la disposición indebida de basura y desechos.

La atención de los conflictos se organizaría mediante tres vías: la detección anticipada de riesgos en las comunidades; los reportes ciudadanos recibidos a través del 911, el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) y las asambleas vecinales, y la intervención policial ante presuntas infracciones cívicas. El reto será garantizar que estas actuaciones se realicen con apego a la legalidad, respeto a los derechos humanos y criterios claros para evitar decisiones arbitrarias.

Por su parte, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que los acuerdos reparatorios registraron un incremento de 120 por ciento. La funcionaria vinculó este dato con la importancia de contar con mecanismos que permitan resolver determinados conflictos mediante la reparación del daño. No obstante, la información presentada no precisa el periodo de comparación ni la base utilizada para calcular ese aumento, elementos necesarios para dimensionar su alcance.

El proyecto también propone fortalecer los juzgados cívicos mediante la rehabilitación de instalaciones, la incorporación de personal especializado y la mejora de servicios, incluidos los de medicina legista. Brugada anunció que el Gobierno capitalino destinará recursos a partir de 2027 para respaldar estas acciones, aunque la capacidad de implementación estará vinculada al presupuesto disponible y a la coordinación entre el Gobierno central y las alcaldías.

La Constitución de la Ciudad de México asigna responsabilidades a las alcaldías en materia de mejoramiento de estos espacios. La jefa de Gobierno señaló que su administración también participará en el fortalecimiento de los juzgados para generar las condiciones necesarias para operar el nuevo modelo.

La iniciativa incluye, además, jornadas itinerantes de justicia cívica, programas de prevención de la violencia, atención psicológica y prevención de adicciones, así como medidas comunitarias para facilitar el acceso a oportunidades educativas y laborales. Los juicios orales y las audiencias públicas buscan que las partes expongan sus argumentos ante una autoridad y que las resoluciones se adopten con mayor transparencia e imparcialidad.

El principal desafío será convertir los objetivos de prevención y justicia restaurativa en resultados verificables. Para ello, será necesario establecer criterios de atención, mecanismos de supervisión, indicadores de reincidencia, tiempos de resolución y evaluaciones sobre la reparación efectiva del daño. También será relevante garantizar que la vía cívica no sustituya indebidamente los procedimientos penales cuando los hechos o las circunstancias requieran la intervención del Ministerio Público.

Finalmente, Brugada llamó al Congreso de la Ciudad de México a analizar la propuesta para avanzar en la transformación de la justicia cívica. La discusión legislativa deberá definir los alcances de las nuevas atribuciones, las garantías para las personas involucradas y los recursos necesarios para que la mediación, la atención temprana y la reparación del daño funcionen más allá del planteamiento institucional.

Fuentes institucionales: Gobierno de la Ciudad de México; Consejería Jurídica y de Servicios Legales; Secretaría de Seguridad Ciudadana; Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.