Abogado denuncia encubrimiento en caso de migrante abatido por ICE en Texas
Tras el fallecimiento de Lorenzo Salgado Araujo por disparos de ICE en Houston, la defensa legal acusa a la agencia de manipular pruebas.
Por Juan Pablo Ojeda
El deceso de Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano de 52 años, ocurrido en Houston, Texas, ha escalado a una denuncia formal por presunto encubrimiento institucional contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El abogado de la familia sostiene que la agencia ha obstaculizado la entrega de pruebas periciales y ha alterado la narrativa de los hechos registrados durante el operativo del pasado 7 de julio.
Los datos preliminares de la autopsia independiente, solicitada por la representación legal, contradicen la versión oficial de ICE, la cual alegaba que el agente disparó en «defensa propia» tras un intento de atropellamiento. El informe médico forense sugiere una trayectoria de bala que, según la defensa, es incompatible con la posición del vehículo descrita en el reporte policial inicial.
La logística del operativo ha sido cuestionada tras confirmarse que Salgado Araujo no era el objetivo principal de la orden de detención emitida por las autoridades federales. Registros internos indican que el migrante, con 35 años de residencia en Estados Unidos, se encontraba en la zona de manera fortuita cuando fue interceptado por la unidad de fuerzas especiales de ICE.
El impacto económico de este caso se refleja en la movilización de recursos consulares y legales por parte del Gobierno de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha confirmado la presentación de múltiples notas diplomáticas ante el Departamento de Estado, exigiendo acceso irrestricto a las cámaras corporales y registros de comunicación de los agentes involucrados en el tiroteo.
Desde el punto de vista operativo, la ausencia de una investigación externa independiente ha sido el principal argumento para la denuncia de encubrimiento. La Fiscalía local de Houston ha declarado carecer de jurisdicción para procesar a los agentes federales, dejando el caso en un limbo administrativo que impide la transparencia requerida por los protocolos internacionales.
La presión social y diplomática ha derivado en una serie de protestas en Houston, donde grupos de derechos civiles exigen el cese de los operativos de detención «aleatoria» en vecindarios residenciales. Las estadísticas de la actual administración reflejan que esta muerte es la número 17 relacionada con acciones de ICE en lo que va del año, una cifra sin precedentes.
El caso continuará bajo el escrutinio de instancias internacionales. La defensa legal ha anunciado que, de no obtener respuesta sobre el paradero de las pruebas faltantes en los próximos cinco días hábiles, escalará la demanda ante cortes federales de distrito para obligar la revelación de la cadena de custodia de las evidencias.
