Urgen blindar desde las leyes los derechos políticos de las personas con discapacidad

Por Bruno Cortés

Especialistas y legisladores coincidieron en la necesidad de garantizar los derechos político-electorales de las personas con discapacidad desde el propio diseño institucional y no dejar su inclusión únicamente en acciones temporales o lineamientos administrativos.

Durante un foro realizado en la Cámara de Diputados sobre participación política e inclusión, se planteó la importancia de construir un marco normativo que asegure una representación efectiva de este sector en los espacios de toma de decisiones.

El presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, Víctor Hugo Lobo Román, señaló que es necesario establecer mecanismos que garanticen la representación e inclusión de las personas con discapacidad dentro del marco normativo.

Uno de los planteamientos centrales fue que las acciones afirmativas deben institucionalizarse para evitar que los avances en materia de inclusión dependan exclusivamente de resoluciones, criterios o disposiciones temporales.

Especialistas advirtieron que la democracia no puede considerarse plenamente incluyente mientras existan barreras que limiten la participación de las personas con discapacidad en los partidos políticos, los procesos electorales y los cargos de representación popular.

También se destacó la necesidad de transformar las normas y prácticas institucionales para generar condiciones de igualdad real, pues la falta de disposiciones específicas puede impedir el ejercicio pleno de los derechos político-electorales.

Entre las propuestas expuestas se encuentra la creación de mecanismos permanentes de inclusión, acciones afirmativas en las candidaturas y medidas que permitan una mayor participación de las personas con discapacidad en la vida democrática del país.

Asimismo, se planteó fortalecer la accesibilidad y eliminar las barreras que persisten en los procesos electorales, además de impulsar la participación directa de las personas con discapacidad en la elaboración de las reformas que les afectan.

Los participantes coincidieron en que la inclusión política debe convertirse en una obligación permanente del Estado y en un elemento fundamental para construir una democracia con mayor representación y participación social.