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Susana Zatarain propone hasta 10 años de cárcel por el “huachicol de agua”

La senadora del PAN presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y castigar con seis a 10 años de prisión el robo y la extracción ilegal de agua.

Por Juan Pablo Ojeda · 16 de noviembre de 2026 · Lectura de 4 min

Máquina perforadora operando en una calle residencial junto a trabajadores con equipo de protección

Por Bruno Cortés

La senadora Susana Zatarain García, del PAN, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y castigar con cárcel el robo y la extracción ilegal de agua, una práctica conocida popularmente como “huachicol de agua”. La propuesta plantea penas de seis a 10 años de prisión para quien extraiga o aproveche el recurso sin concesión, permiso o título que lo autorice.

La iniciativa fue dada a conocer este lunes 16 de noviembre de 2026 mediante el boletín 0470 de la Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República, y fue enviada a las Comisiones Unidas de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica y de Estudios Legislativos Primera.

Por qué la senadora pide endurecer la ley

De acuerdo con el boletín, la legisladora advirtió que es necesario fortalecer el marco jurídico federal para hacer frente al robo y extracción ilegal de agua. Según su planteamiento, esta práctica no sólo afecta el patrimonio público y la infraestructura hidráulica del país, sino que compromete el derecho de las personas al acceso, disposición y saneamiento de este recurso vital.

Zatarain García sostuvo que el crecimiento de las tomas clandestinas, la perforación ilegal de pozos y la sustracción del agua para venderla evidencian la necesidad de contar con mecanismos legales que permitan prevenir, investigar y sancionar de manera efectiva estas conductas.

Lee también: Crisis por “huachicol de agua” en Edomex: bloqueos, desabasto y operativos que sacuden al suministro

Un problema de alcance nacional, según la legisladora

La senadora destacó que el “huachicol de agua” representa un problema de alcance nacional. Para sostenerlo, citó que entre 2019 y septiembre de 2022 se registraron más de 131 mil tomas ilegales, un delito que, según el boletín, se concentró principalmente en Aguascalientes, Estado de México y Nayarit.

El documento no precisa de qué institución proviene esa cifra ni ofrece datos más recientes, por lo que se trata del dato que la legisladora presenta para justificar su propuesta.

Las penas que propone

El núcleo de la iniciativa es una sanción de seis a 10 años de prisión y una multa de 300 a 800 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien, sin contar con concesión, asignación, permiso, autorización o título legalmente exigible, extraiga, sustraiga o aproveche ilícitamente aguas nacionales, superficiales o del subsuelo. La misma pena alcanzaría a quien tome el agua de redes, tuberías, tomas, pozos, depósitos o cualquier infraestructura hidráulica, pública o privada.

La propuesta extiende ese castigo a quien perfore, habilite, altere o manipule pozos, tomas, instalaciones hidráulicas o dispositivos de medición con el propósito de extraer o sustraer el recurso de forma ilícita. También a quien almacene, transporte, suministre o comercialice agua obtenida de manera ilegal.

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Agravantes y venta de agua robada

La iniciativa contempla que las penas aumenten hasta en una mitad cuando la conducta se realice de manera organizada, afecte el suministro de una población o cause un daño significativo a un acuífero, río, lago, humedal u otro ecosistema relacionado.

Además, establece sanciones específicas para quien dolosamente traslade, distribuya, almacene o comercialice agua con fines de lucro, a sabiendas de que fue extraída u obtenida de manera ilegal. Si la cantidad es menor a 50 mil litros, la pena sería de tres a cinco años de prisión y multa de 200 a 500 UMA; si es igual o superior a 50 mil litros, de seis a 10 años de prisión y multa de 300 a 800 UMA.

El objetivo declarado

Con esta reforma, según el boletín, la senadora busca cerrar vacíos jurídicos y garantizar que el agua sea protegida como un bien de interés público y no como una fuente de lucro mediante actividades ilícitas.

Como contexto general, la Constitución establece que las aguas comprendidas dentro del territorio nacional son propiedad de la Nación, y su uso por particulares requiere un título otorgado por la autoridad. La iniciativa de Zatarain busca que, cuando ese uso ocurra sin autorización, la consecuencia sea penal.

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Lo que sigue

Como cualquier iniciativa, la propuesta deberá ser analizada y dictaminada por las comisiones a las que fue turnada antes de llegar, en su caso, al pleno del Senado; si se aprueba ahí, tendría que pasar a la Cámara de Diputados. El boletín no informa de plazos para su discusión ni de posturas de otros grupos parlamentarios, de la Comisión Nacional del Agua o de los organismos operadores sobre la propuesta.

Tampoco detalla qué artículos del Código Penal Federal se modificarían ni cómo convivirían estas nuevas penas con las sanciones administrativas que ya existen en la legislación en materia de aguas.

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