Sheinbaum reporta violencia en Sinaloa tras acuerdo de Los Chapitos con EE.UU.

Por Juan Pablo Ojeda

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes que la reciente escalada de violencia en Sinaloa es consecuencia directa de una fractura interna en el Cártel de Sinaloa, derivada de un acuerdo entre la facción conocida como «Los Chapitos» y agencias gubernamentales de Estados Unidos. La mandataria precisó que las disputas territoriales han aumentado un 15% en las últimas 48 horas tras filtrarse negociaciones con autoridades estadounidenses.

De acuerdo con los datos presentados por el gabinete de seguridad, se han registrado 12 incidentes violentos en puntos estratégicos del estado, incluyendo bloqueos en la red carretera federal. El reporte técnico indica que la desarticulación de las estructuras de mando ha generado un vacío de poder que los grupos disidentes intentan ocupar por la fuerza.

El análisis de inteligencia sugiere que la cooperación de facciones del cártel con el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha provocado un efecto de «traición interna» que ha reconfigurado las alianzas históricas en la región del Pacífico. Este fenómeno ha resultado en enfrentamientos armados de alta intensidad que afectan el flujo logístico en el corredor comercial sinaloense.

Las cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportan una movilización extraordinaria de 2,500 efectivos adicionales hacia Culiacán y zonas aledañas para contener la confrontación entre facciones. La estrategia busca neutralizar los puntos de mayor riesgo para salvaguardar la integridad de las rutas de tránsito y centros urbanos.

El impacto económico de esta crisis de seguridad se refleja en una disminución del 30% en la actividad comercial de las zonas afectadas desde el inicio de los enfrentamientos. Las autoridades mantienen un monitoreo constante sobre la estabilidad de los servicios básicos y la operatividad de la infraestructura crítica en el estado.

Sheinbaum enfatizó que el gobierno federal mantiene una política de no intervención en conflictos de grupos criminales, centrando sus esfuerzos en la protección de la población civil y el restablecimiento del orden público. La coordinación con las autoridades estatales se ha fortalecido para prevenir la expansión de los focos de violencia hacia entidades colindantes.

Finalmente, el gobierno mexicano ha solicitado información oficial a sus pares estadounidenses para aclarar el alcance de los acuerdos mencionados. La administración federal asegura que cualquier proceso de extradición o colaboración debe respetar la soberanía nacional y los cauces institucionales establecidos en los tratados bilaterales vigentes.