Senado presiona por la ratificación del Convenio 176 sobre seguridad minera
Nueva propuesta en el Senado busca garantizar la electricidad como derecho humano y ofrecer subsidios del 50% a grupos vulnerables.
CDMX a 16 de abril, 2024.- En una reciente sesión en el Senado de México, miembros del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) presentaron una iniciativa audaz que busca garantizar el acceso a la electricidad como un derecho humano y proporcionar un subsidio del 50% en el costo del servicio para grupos vulnerables, incluyendo a personas con discapacidad, adultos mayores, personas en extrema pobreza y madres solteras.
Las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre y Cora Cecilia Pinedo Alonso, junto con el senador Joel Padilla Peña, proponen una reforma al artículo 4 de la Constitución Política para incluir el derecho a una energía eléctrica segura, continua y asequible. Esta medida busca abordar una problemática que afecta a más de un millón de mexicanos que, según datos de 2021, aún viven sin acceso a electricidad, especialmente en estados como Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Jalisco y Guerrero.
La falta de electricidad impacta severamente a las comunidades más pobres, limitando actividades esenciales como la conservación de alimentos, el acceso a información y la educación, especialmente durante las horas de la tarde y noche. Además, el costo elevado del servicio representa una carga desproporcionada para las madres solteras, quienes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ganan en promedio menos que sus contrapartes masculinas.
El censo de 2022 del INEGI revela que más de 20 millones de personas con discapacidad y 18 millones de adultos mayores en México podrían beneficiarse significativamente de esta medida, dado que muchos dependen de dispositivos médicos que requieren electricidad constante.
Esta iniciativa ha sido turnada para análisis a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda. De ser aprobada, no solo aliviaría la carga financiera de millones de mexicanos, sino que también establecería un precedente en la legislación mexicana al reconocer la energía eléctrica como un derecho humano fundamental, necesario para el desarrollo y bienestar de la población.
