Por Bruno Cortés
En un paso decisivo, la reforma judicial propuesta por el gobierno ha pasado el escrutinio de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, y ahora se prepara para ser discutida en el Pleno. Sin cambios significativos, el dictamen fue aprobado en lo general con 25 votos a favor y 12 en contra, a pesar de las fuertes críticas y propuestas de modificación presentadas por la oposición.
La reforma, que busca modificar varios artículos de la Constitución Política, pretende hacer cambios profundos en la estructura del Poder Judicial. Entre los puntos más relevantes se encuentra la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, el ajuste en el sistema de juicios de amparo, y el establecimiento de mayores controles en los procesos de selección de jueces y magistrados. Aunque estos cambios han sido defendidos como necesarios para fortalecer la transparencia y la imparcialidad del sistema judicial, la oposición ha mostrado una férrea resistencia.
Las Críticas de la Oposición: ¿Una Reforma Impuesta?
Senadores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y otros partidos de oposición no se quedaron callados durante la discusión. Presentaron una serie de reservas para modificar 31 artículos del dictamen, enfocándose en varios aspectos que consideran preocupantes. Entre las propuestas de la oposición estaba la eliminación del Tribunal de Disciplina Judicial, argumentando que su creación centraliza el poder y podría dar lugar a un mayor control político sobre el Poder Judicial. También se criticó que la reforma no plantea suficientes garantías de independencia judicial frente al Ejecutivo.
Otro punto que generó controversia fue el presupuesto destinado para los nuevos órganos propuestos en la reforma. Los opositores consideran que la creación de estos entes implica un gasto excesivo en un contexto en el que el país enfrenta importantes desafíos económicos. Legisladores del PAN señalaron que, en vez de destinar recursos a fortalecer la infraestructura judicial, se está aumentando la burocracia sin un análisis claro del impacto financiero.
Marko Cortés, senador del PAN, fue uno de los más críticos, afirmando que la reforma pone en riesgo la imparcialidad de los jueces y que podría ser utilizada para presionar a los magistrados en casos de interés político. «Esta reforma no busca mejorar la justicia para los mexicanos, sino controlar a los jueces. Estamos entregando las llaves del Poder Judicial al gobierno», afirmó.
Implicaciones para el T-MEC y la Relación con Estados Unidos
Un punto que elevó el tono del debate fue la posible repercusión de la reforma en la relación de México con sus socios comerciales en el T-MEC. Algunos opositores advirtieron que esta reforma podría generar inestabilidad económica y afectar el clima de inversiones. Al debilitar la independencia judicial, se podría minar la confianza de los inversionistas extranjeros que buscan garantías de que los contratos y acuerdos comerciales serán respetados bajo un marco jurídico justo.
Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, desestimó estas advertencias y calificó las preocupaciones como «presiones artificiales». Aseguró que el tipo de cambio y la relación comercial con Estados Unidos no se verán afectadas. «México es un país soberano, y las decisiones las tomamos aquí. No vamos a ceder a presiones externas ni a quienes buscan sembrar miedo con escenarios catastróficos», afirmó.
El senador también se refirió a la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha respaldado la reforma argumentando que es necesaria para combatir la corrupción dentro del sistema judicial. «No podemos seguir con un sistema de justicia que está al servicio de unos cuantos. Esta reforma busca democratizar el acceso a la justicia», afirmó López Obrador en una conferencia reciente.
La Siguiente Etapa: Aprobación en el Pleno
Con la reforma ya aprobada en comisiones, el siguiente paso será la discusión en el Pleno del Senado, donde se necesitará una mayoría calificada para su aprobación final. Se espera que el debate en el Pleno sea acalorado, con una oposición que seguirá defendiendo sus reservas, pero con un escenario en el que la mayoría de Morena y sus aliados podrían imponerse nuevamente.
A pesar de la resistencia de la oposición, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, se mostró confiado en que la reforma será aprobada sin grandes cambios. «No tememos ser un país soberano, y no tememos nuestra decisión. Vamos a aprobar la reforma porque es lo que se necesita para garantizar la justicia en México», afirmó Noroña.
No obstante, sectores de la sociedad civil y grupos de abogados también han levantado la voz en contra de esta reforma, advirtiendo sobre sus posibles efectos negativos. La vocera de los trabajadores del Poder Judicial, Patricia Aguayo Bernal, que representa a un grupo de empleados que actualmente están en paro laboral, expresó que esta reforma podría aumentar la inestabilidad dentro del Poder Judicial, afectando tanto a los trabajadores como a los ciudadanos que dependen de un sistema de justicia eficiente.
El futuro de la reforma judicial ahora depende de la votación en el Pleno, pero lo que queda claro es que su aprobación final está cada vez más cerca, a pesar de las múltiples advertencias de los opositores y los posibles efectos que podría tener tanto en el ámbito interno como en la relación de México con sus socios internacionales.
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