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Proponen dictamen veterinario obligatorio antes del sacrificio animal

Iniciativa en San Lázaro exige dictamen veterinario previo para sacrificio animal, buscando frenar el maltrato en centros de control.

Por Juan Pablo Ojeda · 17 de noviembre de 2026 · Lectura de 3 min

Por Bruno Cortés

 

Una iniciativa impulsada en la Cámara de Diputados plantea establecer como requisito legal y obligatorio la emisión de un dictamen veterinario previo a cualquier procedimiento de sacrificio de animales en centros de control y establecimientos autorizados en el territorio nacional. La propuesta busca estandarizar los protocolos sanitarios y éticos para reducir la incidencia de prácticas discrecionales y garantizar que el procedimiento se realice bajo estrictas normas de bienestar y control técnico.

De acuerdo con el documento legislativo, la medida responde a la necesidad de blindar jurídicamente las decisiones de eutanasia humanitaria o sacrificio sanitario, obligando a que un especialista colegiado certifique previamente la inviabilidad de la recuperación o la existencia de riesgos epidemiológicos insalvables. Con ello se pretende erradicar el sacrificio masivo injustificado que históricamente ha caracterizado a diversos centros de atención animal en el país.

El marco normativo actual presenta vacíos operativos que permiten la ejecución de estas acciones sin la supervisión médica adecuada, lo que vulnera los derechos de los animales sintientes reconocidos en la legislación federal. La propuesta detalla que el dictamen deberá contener el historial clínico detallado, las causas específicas que motivan la decisión y la firma autógrafa del perito en medicina veterinaria responsable del análisis.

Asimismo, la normativa contempla la creación de un registro centralizado de supervisiones periódicas para auditar los insumos utilizados en los procedimientos, priorizando el uso de sustancias eutanásicas avaladas internacionalmente que eviten el sufrimiento innecesario. Los centros que incumplan con la presentación de estos informes enfrentarán sanciones administrativas y la revocación temporal o definitiva de sus licencias de operación.

Las organizaciones civiles de protección animal han señalado que el volumen anual de animales sacrificados sin supervisión técnica en el país asciende a cientos de miles, cifras que saturan los registros municipales y estatales. La nueva disposición normativa pretende transparentar estas estadísticas mediante auditorías externas y la obligatoriedad de rendición de cuentas ante las secretarías de salud locales.

En el aspecto presupuestal, la iniciativa reconoce la necesidad de dotar de mayores recursos a las secretarías encargadas del control zoonótico para contratar personal calificado y adquirir los fármacos requeridos. La implementación de este dictamen obligatorio se proyecta de manera escalonada en un plazo de ciento ochenta días posteriores a su eventual aprobación en el pleno legislativo.

Los antecedentes de esta reforma se fundamentan en las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), las cuales enfatizan que la gestión poblacional de fauna urbana debe estar cimentada en criterios científicos, médicos y éticos, alejados de prácticas punitivas o ineficientes que no resuelven la problemática de fondo.

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