Plantean en el Senado quitar patria potestad a vinculados a proceso o condenados por feminicidio

CDMX a 27 de marzo, 2024.- En un esfuerzo por fortalecer la protección legal de los menores de edad en México, la senadora Verónica Martínez García ha presentado una iniciativa que busca reformar el Código Civil Federal para establecer que aquellos vinculados a proceso o condenados por el delito de feminicidio pierdan la patria potestad sobre sus hijos. Esta propuesta, actualmente en revisión por las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, representa un paso significativo hacia la garantía del interés superior de la niñez en contextos de violencia extrema contra la mujer.

La iniciativa subraya la urgente necesidad de abordar la incertidumbre jurídica que sufren los hijos de víctimas de feminicidio, quienes corren el riesgo de quedar bajo la tutela de sus agresores, una situación que no solo los revictimiza sino que también los expone a sufrir violencia. Actualmente, el Código Civil Federal dicta que, en ausencia de la madre, es el padre quien obtiene la patria potestad, sin especificar la excepción en casos donde el padre ha sido acusado o condenado por feminicidio.

El caso de Cecilia Monzón, abogada y activista asesinada en 2022, es emblemático de esta problemática. El autor intelectual del crimen, su expareja, intentó obtener la patria potestad de su hijo mientras enfrentaba cargos por el asesinato. Este incidente ilustra las lagunas legales actuales y la necesidad de reformas que protejan a los menores de quedar a cargo de individuos que representan una amenaza directa a su bienestar.

La senadora Martínez García hace hincapié en que, aunque la presencia de ambos padres es generalmente beneficiosa para el desarrollo de los niños, es fundamental alejarlos de aquellos que comprometen su seguridad y desarrollo. La propuesta legislativa busca reconocer la retirada o negación de la patria potestad en casos de feminicidio como una medida de protección esencial para los menores, en consonancia con las obligaciones de México de priorizar el bienestar infantil en todas las decisiones legales y judiciales.

Si se aprueba, esta iniciativa no solo respondería a las recomendaciones de instituciones que defienden los derechos de las mujeres y los niños sino que también marcaría un avance significativo en la lucha contra la impunidad y en la promoción de un entorno seguro para el desarrollo infantil.