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Patricia Mercado plantea regular motocicletas y obligar capacitación vial

Proponen en San Lázaro licencias obligatorias y controles estrictos para motociclistas ante el crecimiento exponencial de accidentes viales.

Por Juan Pablo Ojeda · 18 de noviembre de 2026 · Lectura de 2 min

Por Bruno Cortés

 

La diputada federal Patricia Mercado presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa orientada a regular de manera estricta el uso de motocicletas en las vías públicas del país, estableciendo como requisito indispensable una capacitación técnica y una certificación obligatoria para la obtención de licencias de conducir especializadas.

El proyecto legislativo surge en un contexto donde las estadísticas de siniestralidad vial revelan un incremento anual del veintidós por ciento en percances que involucran a motociclistas, convirtiendo a este sector en uno de los grupos con mayor vulnerabilidad en términos de lesiones graves y mortalidad en las zonas metropolitanas.

La propuesta detalla la creación de un padrón nacional homologado de vehículos de dos ruedas, el cual permitiría vincular de forma directa la matrícula con el historial del conductor, facilitando la fiscalización y el cumplimiento de las normas de tránsito federales y locales.

Dentro de los aspectos técnicos del proyecto se contempla la obligatoriedad de portar equipo de protección certificado con normas internacionales de seguridad, así como la prohibición estricta de circular por vías de acceso controlado y carriles confinados para transporte público.

Las secretarías de movilidad de las entidades federativas tendrían un plazo de ciento ochenta días tras la aprobación de la reforma para instrumentar las escuelas de manejo acreditadas y los centros de evaluación teórica y práctica para los aspirantes a la licencia tipo A2 o equivalente.

Organizaciones de repartidores y repartidoras por aplicación han manifestado posturas divididas ante la propuesta, reconociendo la necesidad de ordenar el tráfico, pero exigiendo que los costos de certificación y capacitación no representen una barrera económica insostenible para la base trabajadora.

El análisis financiero de la iniciativa estima una inversión inicial de quinientos millones de pesos para la habilitación de infraestructura de examinación y la actualización tecnológica de los sistemas de control vehicular en las principales ciudades del territorio nacional.

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