Paquete Económico 2027: la deuda pública sube 1.6 billones en un año

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Salazar, llegó el martes 8 de septiembre al salón de legisladores de San Lázaro con siete documentos bajo el brazo y una promesa: ni un impuesto nuevo, ni una tasa más alta. Es cierto, y ahí está la letra chica. El Paquete Económico 2027 propone gastar 10 billones 636 mil millones de pesos, mantener un déficit de 3.9% del PIB y llevar la deuda pública a 21 billones 666 mil millones. Son 1.6 billones más que este año. En un solo ejercicio.

Empecemos por lo que sí cambia. No hay IVA nuevo, no hay tasa de ISR más alta, no hay gravamen inventado. Lo que hay es un ensanchamiento de la base: la misma tasa aplicada sobre una utilidad más grande. Se llama artículo 78-A y aparece en la iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Traducido: cambia la regla del juego sin tocar el marcador.

La medida aplica a personas morales con ingresos superiores a 50 millones de pesos anuales que reporten utilidad fiscal. A partir de 2027 solo podrán deducir hasta 96.67% de sus ingresos acumulables, o hasta 99% de sus deducciones si venían por debajo de ese umbral. Hacienda lo justifica con un dato que ella misma calculó: en 2025, de 524 mil empresas con ingresos positivos, 60.7% no pagó un peso de ISR. Y de ese grupo, siete de cada diez tuvieron deducciones iguales o mayores a sus ingresos. Es decir, en el papel no ganaron nada.

No viene solo. La deducción de intereses netos baja de 30% a 20% de la utilidad fiscal ajustada. Las pérdidas fiscales acumuladas solo podrán aplicarse hasta la mitad de la utilidad del ejercicio, aunque el plazo para usarlas se amplía de 10 a 20 años. Y desaparece el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades, ese esquema de 2013 que permitía a los corporativos diferir el pago hasta por tres años. Lo que ninguna de las 226 páginas de la iniciativa dice es cuánto va a recaudar todo eso.

Del otro lado del mostrador está la deuda, y ahí no hay letra chica porque viene en tabla. El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público pasa de 54.0% del PIB este año a 55.0% en 2027. Y sigue: la propia proyección de Hacienda lo lleva a 56.5% en 2032, donde se queda. Sostenible no quiere decir que baje. Para financiarlo, el Congreso tendría que autorizar 1.7 billones de endeudamiento neto interno y hasta 13 mil 500 millones de dólares de deuda externa.

Aquí viene el detalle que casi nadie está contando. En abril, en los Pre-Criterios, Hacienda anunció para 2027 un recorte al gasto programable de 495 mil millones de pesos y un déficit amplio de 3.5% del PIB. El documento entregado el martes propone lo contrario: el gasto programable quedó 555 mil millones de pesos por encima de lo que la propia dependencia anunció cinco meses antes, y el déficit subió a 3.9%. El apretón de cinturón se aflojó antes de estrenarse.

¿Y de dónde sale ese dinero? De tres bolsas. Más deuda, un supuesto de precio del petróleo que brincó de 54.7 a 61.8 dólares por barril, y 266 mil millones de pesos registrados en la Ley de Ingresos bajo la etiqueta «aprovechamientos, otros, otros», sin desglose. Piénselo como la casa que no baja el gasto de la quincena, pero saca la tarjeta y de paso apuesta a que este año sí cae el aguinaldo grande. El problema es la mensualidad: pagar intereses de la deuda costará 1 billón 575 mil millones de pesos en 2027, más que los ramos de Bienestar y Educación Pública juntos.

En el reparto, las prioridades no se esconden. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se lleva 543 mil 498 millones de pesos, el programa más caro del país. Los nuevos trenes concentran 150 mil 875 millones, con el Saltillo–Nuevo Laredo a la cabeza. Pemex recibe 255 mil 529 millones para inversión, aunque su rescate presupuestario se desploma de 263 mil a 81 mil millones. Y el INE tendrá 42 mil 274 millones, porque 2027 es año de elecciones intermedias.

Para el lector de a pie hay alivios concretos que conviene apuntar. El Régimen Simplificado de Confianza sube umbrales: personas físicas de 3.5 a 5 millones de pesos de ingresos anuales, morales de 35 a 50 millones, con opción de pagar 7% de IVA sobre lo efectivamente cobrado. Las librerías y distribuidores de periódicos y revistas pasan de exención a tasa cero, lo que les permite acreditar el IVA de sus insumos. Quien tenga ahorros en el banco pagará menos retención: la tasa baja de 0.90% a 0.68%. Y quien tenga capital fuera del país podrá repatriarlo pagando 7.5% de ISR, siempre que lo invierta en México.

Nada de esto es definitivo. La Cámara de Diputados debe aprobar la Ley de Ingresos a más tardar el 20 de octubre y el Presupuesto de Egresos el 15 de noviembre. En el camino, el artículo 78-A tiene todas las papeletas para terminar en tribunales: la iniciativa permite arrastrar por 20 años las deducciones que quedaron topadas, pero el tope se aplica cada año sobre la suma acumulada, así que una empresa que siempre opere cerca del límite no recupera nunca nada. Diferimiento en el papel, pérdida en la caja.

Así que la pregunta para la sobremesa es sencilla, y sirve igual en una comida de negocios que en la tiendita de la esquina: si no hay impuestos nuevos y la deuda sube 1.6 billones de pesos en un año, ¿quién está pagando la diferencia?