Organizaciones exigen padrón de motos, seguro y casco obligatorio
Proponen en San Lázaro registro vehicular obligatorio, póliza de seguro y cascos certificados para frenar la alta siniestralidad de motociclistas.

Por Bruno Cortés
Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados una propuesta integral para instituir el registro obligatorio de motocicletas, la contratación de un seguro de responsabilidad civil y el uso de cascos certificados, con el objetivo de contener el incremento exponencial de percances viales que involucran a este sector.
El documento entregado en el Palacio Legislativo de San Lázaro detalla que el parque vehicular de unidades de dos ruedas ha experimentado un crecimiento superior al ciento cincuenta por ciento en los últimos cinco años en las principales zonas metropolitanas del país, superando la capacidad de control de los padrones vehiculares vigentes.
Las estadísticas expuestas por los colectivos ciudadanos indican que los siniestros viales con motociclistas representan actualmente más del cuarenta por ciento de las admisiones hospitalarias por traumatismo grave en los servicios de urgencias públicas, generando una presión financiera insostenible para el sistema de salud.
La propuesta normativa contempla la creación de una base de datos nacional homologada que vincule de manera directa el número de serie del vehículo, la placa y la identidad fiscal del propietario, cerrando los espacios legales que facilitan la operación de unidades irregulares o robadas.
Asimismo, se establece la obligatoriedad de que las pólizas de seguro cubran de forma explícita los gastos médicos por terceros afectados y daños materiales, una garantía que hoy en día carece de obligatoriedad efectiva en la mayoría de las entidades federativas del territorio nacional.
En el aspecto técnico, la exigencia de cascos certificados bajo normas internacionales de seguridad busca reducir hasta en un sesenta por ciento las muertes por lesiones craneoencefálicas registradas anualmente durante los percances viales urbanos y en carreteras de jurisdicción federal.
Las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados anunciaron que integrarán estas directrices en el proyecto de dictamen general sobre movilidad urbana, estimando que las modificaciones legales requerirán un periodo de adecuación presupuestal e institucional de ciento ochenta días tras su promulgación.


