OPINE denuncia fractura del arbitraje en INE y TEPJF rumbo a 2027
Organizaciones civiles confrontan a consejeros y magistrados por votaciones en bloque que arriesgan la equidad de las elecciones de 2027.
Un choque frontal entre la sociedad civil organizada y las máximas autoridades comiciales del país estalló este miércoles con la presentación del primer informe del Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE). La alianza formada por Práctica: Laboratorio para la Democracia, Laboratorio Electoral y DiSentir acusó al INE y al Tribunal Electoral de sesgar sus fallos en beneficio del poder político.
«La elección de 2027 no inicia con una crisis de capacidad técnica, sino con un escenario de incertidumbre institucional», advierte el reporte tras contrastar resoluciones oficiales de 2026 frente a estándares globales de observación democrática. El documento acusa a los magistrados y consejeros de operar en coaliciones estables para favorecer intereses específicos.
La confrontación tiene en su centro más de 30 votaciones divididas donde una mayoría fija impuso criterios que anulan mecanismos de fiscalización. Quince de estas determinaciones representan, según la metodología del observatorio, un riesgo directo contra la imparcialidad del proceso que culminará en las urnas federales.
Entre las medidas más criticadas por los investigadores se encuentra la orden de flexibilizar los criterios respecto a boletas sin doblez, interpretada por expertos como una concesión innecesaria frente a posibles irregularidades en casilla. Paralelamente, se cuestiona la reducción del tiempo disponible para instruir a los ciudadanos encargados del recuento de sufragios.
Las dirigencias partidistas, por su parte, continúan desplegando precampañas no reguladas ante el vacío voluntario de directrices vinculantes por parte del Consejo General del INE. La falta de límites explícitos ha desatado quejas recurrentes de actores minoritarios sobre la inequidad visible en la vía pública.
A la disputa legal se añade la pugna por los recursos públicos. Mientras los órganos electorales enfrentan recortes presupuestales que asfixian su despliegue operativo en las entidades federativas, analistas denuncian que las vacantes no cubiertas en los tribunales y consejos locales merman el equilibrio de fuerzas.
El enfrentamiento abre una etapa de estricta vigilancia cívica de cara al calendario comicial. OPINE adelantó que mantendrá la documentación de cada sentencia y acuerdo administrativo para exhibir ante la comunidad internacional el comportamiento de los jueces electorales mexicanos.
