En una reunión virtual del Consejo Judicial Ciudadano (CJC) de la Ciudad de México, se aprobó una modificación clave en la convocatoria para la elección de las y los titulares de las fiscalías especializadas en Combate a la Corrupción y en Atención a Delitos Electorales.
El cambio principal consiste en que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el CJC, será el responsable de llevar a cabo los exámenes de control y confianza para las personas aspirantes a estos puestos, un ajuste que busca optimizar los procesos y garantizar mayor transparencia.
Jorge Nader Kuri, presidente del CJC, explicó que la modificación responde a la sobrecarga de trabajo de la Guardia Nacional, la cual había asumido previamente esta tarea como parte de su convenio para el proceso de selección del titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. De esta manera, la medida apunta a una mejor distribución de las responsabilidades y a fortalecer la imparcialidad en los procedimientos.
Durante la sesión, también se realizaron las entrevistas a las y los aspirantes a conformar la terna para dirigir la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Los consejeros escucharon a destacados candidatos, entre los que se encontraban Daniel Díaz Cuevas, Marcial Manuel Cruz Vázquez, Miguel Ángel Vera Martínez, y Maribel Lima Romero, entre otros. A su vez, Beatriz Mejía Ruiz decidió declinar su participación, mientras que Omar Hernández Cruz no se presentó al proceso.
Los aspirantes tuvieron la oportunidad de exponer su trayectoria profesional y sus propuestas en temas cruciales como la autonomía institucional, el impulso de la justicia restaurativa, el acceso a la justicia para grupos prioritarios, la atención a víctimas, la perspectiva de género, y la protección de la infancia y adolescencia.
Este avance subraya el compromiso del CJC con la transparencia y la profesionalización del sistema judicial de la Ciudad de México, buscando siempre fortalecer la confianza en las instituciones encargadas de velar por la justicia en la capital del país.