México respalda resolución de ONU sobre libertad de Pedro Castillo

Por Juan Pablo Ojeda

El Gobierno de México ha formalizado su respaldo a la resolución emitida por un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual solicita la liberación inmediata del expresidente peruano Pedro Castillo. La cancillería mexicana notificó que esta postura se alinea con la defensa de los derechos humanos y el debido proceso en el sistema judicial de Perú.

Datos del expediente judicial peruano indican que Castillo cumple una medida de prisión preventiva desde diciembre de 2022. La resolución de la ONU argumenta que la detención carece de los fundamentos legales suficientes bajo estándares internacionales, calificando el proceso como una detención arbitraria que contraviene los pactos de derechos civiles y políticos ratificados por ambos estados.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que esta decisión se tomó considerando los informes de misiones internacionales que han observado el caso. La dependencia estima que este respaldo diplomático es un paso técnico necesario para reabrir canales de diálogo institucional, en un momento donde ambos gobiernos buscan normalizar sus relaciones diplomáticas tras meses de distanciamiento.

El análisis de la política exterior mexicana señala que la normalización del vínculo con Perú es una prioridad estratégica. En 2025, el intercambio comercial entre ambas naciones registró una baja del 15% debido a la falta de representación diplomática de alto nivel. La administración federal busca que la mediación de organismos internacionales facilite una transición política estable en Lima.

Estructuralmente, el Gobierno de México ha reiterado que el respaldo a la ONU no constituye una injerencia en asuntos internos, sino una adhesión a los mecanismos multilaterales de justicia. La cancillería sostiene que la liberación de Castillo podría reducir significativamente la polarización social que actualmente paraliza la agenda legislativa peruana.

Las autoridades peruanas han señalado previamente que cualquier decisión sobre el estatus de Castillo es competencia exclusiva de su Poder Judicial. No obstante, la presión de los organismos de la ONU, respaldada por México, obliga a una revisión técnica del expediente por parte de las cortes peruanas para evitar sanciones internacionales o descalificaciones ante organismos de justicia interamericana.

El proceso de reconciliación entre México y Perú ahora transita por un camino dual: la normalización de embajadas y el consenso sobre la justicia para los actores políticos del periodo 2022-2023. La cancillería mexicana mantendrá mesas de trabajo con sus pares en Lima para definir los plazos del retorno de los embajadores una vez que el escenario judicial en Perú presente mayor certidumbre.