Saltar al contenido
viernes 20 de noviembre de 2026 · Ciudad de México 🌤 --° El poder, cuadro por cuadro.
Última hora

Opinión

Ley de Inversión Extranjera: el filtro de seguridad ya rige

Ya rige el filtro de seguridad nacional de la Ley de Inversión Extranjera: qué sectores revisa, quién decide, las multas y lo que falta por definir.

Por Juan Pablo Ojeda · 20 de noviembre de 2026 · Lectura de 12 min

Pasillo vacío de un centro de datos con hileras de gabinetes de servidores negros, pequeñas luces verdes de estado y piso pulido que refleja una iluminación azul
Por Bruno Cortés Desde este viernes 20 de noviembre, comprar una empresa mexicana de inteligencia artificial, semiconductores, ciberseguridad, energía o datos ya no es solo un asunto de abogados, bancos y autoridad de competencia. El Diario Oficial de la Federación publicó el jueves 19 el decreto que reforma la Ley de Inversión Extranjera y crea, por primera vez con reglas detalladas, un filtro de seguridad nacional para ciertas adquisiciones de capital foráneo. El primer artículo transitorio fija su entrada en vigor al día siguiente de la publicación, es decir, hoy. La paradoja es que el filtro nace sin una de sus piezas centrales: el monto de activos a partir del cual la revisión será obligatoria todavía no existe. La reforma no es menor ni técnica. Cambia quién se sienta en la mesa que autoriza inversiones extranjeras, incorpora con voto a las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, y eleva multas que hoy pueden rebasar los 23 millones de pesos. Llega, además, en una semana en la que el peso superó las 19 unidades por dólar y en la que el gobierno estrecha su relación económica con China mientras avanza la revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá. Vale la pena leer con calma qué dice la ley y qué deja pendiente.

¿Qué cambia exactamente desde hoy?

El corazón del decreto es un nuevo Título Sexto Bis, llamado «De la seguridad nacional en las inversiones extranjeras». Su artículo 30 Bis establece que, por razones de seguridad nacional, se requiere resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para que la inversión extranjera participe, directa o indirectamente, con más de 49 % del capital social de una sociedad mexicana cuando se cumplan dos condiciones: que el valor total de los activos de esa empresa rebase el monto que la propia Comisión determine mediante resolución general y que su actividad económica esté en alguno de los sectores que la ley enumera. Hasta ahora, la facultad de impedir adquisiciones por seguridad nacional ya existía en el artículo 30 de la ley, que el decreto deroga. La diferencia es de método. Según un análisis del despacho Foley & Lardner publicado en septiembre, esa facultad no se ejercía de forma habitual por la ausencia de parámetros y directrices específicos. El nuevo texto sí define sectores, procedimiento, plazos, sentidos de resolución y sanciones. El trámite queda así: la empresa mexicana y el inversionista extranjero deben presentar juntos la solicitud ante la Secretaría Técnica de la Comisión; la Comisión tiene 45 días hábiles para resolver y puede hacerlo en tres sentidos: declarar viable la adquisición por no encontrar riesgos, condicionarla a que las partes modifiquen el proyecto para mitigar el riesgo, o impedirla. Las autorizaciones, incluso las limpias, pueden llevar términos y condiciones como reportes periódicos. Un cambio que pasa desapercibido, pero que pesa, está en el artículo 28. En el régimen general, si la Comisión no resuelve en 45 días hábiles, la solicitud se considera aprobada. El decreto excluye expresamente de esa regla a los asuntos de seguridad nacional. En nuestra lectura, esto convierte la autorización en una condición previa al cierre de cualquier operación sensible: nadie podrá asumir que el silencio de la autoridad equivale a un sí.

¿Qué sectores quedan bajo la lupa?

El catálogo es amplio. La ley menciona cinco grupos. Primero, infraestructuras estratégicas, físicas o virtuales, vinculadas con energía, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, tratamiento o almacenamiento de datos, sistemas digitales, aeroespacial, defensa e instalaciones sensibles, así como los terrenos e inmuebles indispensables para su uso. Segundo, tecnologías críticas y productos de doble uso, entre ellos inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, almacenamiento de energía, tecnologías cuántica y nuclear, nanotecnologías y biotecnologías. Tercero, el suministro de insumos fundamentales, en particular energía o materias primas, y la seguridad alimentaria. Cuarto, el acceso a información sensible, en particular datos personales, o la capacidad de controlarla. Y quinto, las demás actividades análogas que la Comisión determine por resolución general. Ese quinto punto es el que más preguntas abre. El despacho SMPS Legal advierte en su análisis del decreto que el catálogo es abierto y usa conceptos que la ley no define, como «información sensible» o «instalaciones sensibles», y que el supuesto de datos personales podría alcanzar a empresas financieras, de salud, de telecomunicaciones, de comercio electrónico o de centros de datos. A nuestro juicio, la redacción le da a la Comisión un margen muy amplio: casi cualquier empresa mediana de servicios maneja datos personales. También hay que despejar un malentendido que circuló durante el debate. La reforma no impone un tope general de 49 % a la inversión extranjera. El 49 % funciona como disparador de la revisión, no como límite: un inversionista puede seguir comprando la mayoría de una empresa, siempre que obtenga la resolución favorable cuando la operación caiga en los supuestos del artículo 30 Bis. El control general del artículo 9, que ya pedía autorización para participaciones mayores a 49 % por encima de cierto monto de activos, sigue vigente y convivirá con el nuevo procedimiento.

¿Quién decide y con qué votos?

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras queda integrada por las personas titulares de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda, Bienestar, Medio Ambiente, Energía, Economía, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Trabajo y Turismo, además de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. En las sesiones sobre seguridad nacional serán invitadas permanentes, con voz pero sin voto, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera. Dos reglas de funcionamiento llaman la atención. En asuntos de seguridad nacional, los integrantes no podrán abstenerse: deberán votar a favor o en contra, y los acuerdos se tomarán por mayoría. Además, la Comisión deberá enviar al Congreso un informe semestral de su gestión en esta materia y podrá ser llamada a comparecer. La iniciativa la envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado a finales de agosto. La Cámara alta la aprobó el 30 de septiembre por 65 votos a favor y 30 en contra de PAN, PRI y MC, y la Cámara de Diputados la avaló sin cambios el 27 de octubre: 314 votos contra 117 en lo general y 321 contra 106 en lo particular, de acuerdo con las crónicas de El Economista, La Jornada y otros medios. El debate se concentró en la presencia militar. El presidente de la Comisión de Economía del Senado, el morenista Emmanuel Reyes Carmona, sostuvo en tribuna que la inclusión de las tres secretarías «no constituye ninguna militarización» y la describió como «una integración acotada, proporcional y jurídicamente fundada» en un órgano de naturaleza civil y económica. En San Lázaro, la vicecoordinadora de Morena, Dolores Padierna, habló de un «escrutinio focalizado» y resumió: «Soberanía y prosperidad no compiten, se refuerzan». Del otro lado, el panista Miguel Márquez Márquez argumentó que sumar al Ejército a las tareas ordinarias de la comisión no ayuda a atraer capitales, y el emecista Francisco Daniel Barreda Pavón rechazó «militarizar la política de inversión extranjera».

¿Por qué la regla todavía no muerde?

Porque falta el umbral. El segundo transitorio da a la Comisión un plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación, para emitir y publicar en el Diario Oficial la resolución general con el monto de activos que activa la revisión obligatoria. Por nuestro cómputo, coincidente con el de SMPS Legal, ese plazo vence el 18 de mayo de 2027. Mientras ese monto no se publique, nadie puede saber con certeza qué operaciones están obligadas a pedir permiso. La ley sí prevé una vía voluntaria: cuando los activos no superen el umbral pero la participación buscada rebase 49 %, la empresa puede presentar la solicitud por su cuenta. SMPS Legal señala que la ley no explica qué efectos tiene presentar o no esa solicitud voluntaria, ni si la Comisión podrá revisar después una operación que no le fue sometida. Hay otros huecos. El cuarto transitorio dice que los asuntos en trámite antes de la entrada en vigor se resolverán con las reglas anteriores, pero, según el mismo despacho, no hay una regla expresa para operaciones ya firmadas y pendientes de cierre que no necesitaban pasar por la Comisión. Tampoco está claro qué ocurre si la Comisión no resuelve en 45 días hábiles: la ley solo remite, de manera supletoria, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Vale recordar que la iniciativa original, de acuerdo con el análisis de Foley & Lardner, planteaba 60 días hábiles prorrogables por 30 y que el silencio contara como negativa; el texto publicado redujo el plazo a 45 días y no dejó escrita la consecuencia del silencio. En nuestra lectura, el país estrena una regla con dientes jurídicos pero sin mandíbula operativa: el filtro existe, pero su alcance real dependerá de tres decisiones administrativas aún pendientes, que son el umbral, la reforma al reglamento y los criterios con los que la Comisión interprete los sectores sensibles.

¿Cuánto cuesta saltarse el filtro?

El artículo 38 reformado cambia las referencias al salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización y crea dos sanciones nuevas, ambas de 5 mil a 200 mil veces el valor diario de la UMA. La primera aplica cuando la sociedad mexicana transfiere las acciones al inversionista extranjero a pesar de una negativa de la Comisión o sin haber obtenido antes la resolución favorable. La segunda, cuando se incumplen las medidas de mitigación de riesgo ordenadas por la Comisión. Con la UMA de 2026, que el INEGI fijó en 117.31 pesos diarios, el rango va de 586 mil 550 pesos a 23 millones 462 mil pesos. Para una operación de cientos de millones de dólares, una multa así puede parecer pequeña. Por eso importa más la otra herramienta: además de la multa, la Comisión podrá ordenar la desinversión, con un plazo de 90 días hábiles, prorrogable por un periodo igual, para que el inversionista extranjero se deshaga de los activos adquiridos. A nuestro juicio, ese es el verdadero disuasivo: no el costo de la sanción, sino el riesgo de tener que deshacer una compra.

¿Qué dice esto de la inversión que llega?

El contexto ayuda a entender el momento. La Secretaría de Economía reportó en agosto que México captó 34 mil 968 millones de dólares de inversión extranjera directa en el primer semestre de 2026, un récord para ese periodo y 2.1 % más que lo reportado originalmente un año antes. Pero casi nueve de cada diez dólares, el 88.5 %, fueron reinversión de utilidades de empresas que ya operan en el país; las nuevas inversiones sumaron 2 mil 726 millones, apenas 7.8 % del total. La consultora Deloitte, que compara contra la cifra revisada de 2025, calcula en cambio una baja de 7.9 % en el flujo total y de 23 % en las nuevas inversiones, caída que atribuye en parte a la cautela de los inversionistas por la revisión del T-MEC. Estados Unidos aportó 16 mil 871 millones de dólares en el semestre, el 48.2 %. China sigue lejos, pero crece rápido: de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía citadas por El Universal, sus empresas invirtieron 596 millones de dólares en la primera mitad del año, frente a 147 millones un año antes, y el rubro principal fue servicios de diseño de sistemas de cómputo, que pasó de 8 a 320 millones. Ese dato coincide con la agenda de la reunión de la presidenta Sheinbaum con Xi Jinping, donde la cooperación en inteligencia artificial estuvo sobre la mesa. En nuestra lectura, el nuevo filtro cumple dos funciones a la vez. Hacia adentro, le da al Estado una herramienta para revisar compras en sectores donde la seguridad, los datos y la energía se cruzan. Hacia afuera, alinea a México con los mecanismos de revisión que ya usan sus principales socios, en un momento en que la revisión del T-MEC añade riesgo político a las decisiones de inversión. La ley no menciona a ningún país, pero el catálogo de tecnologías críticas, semiconductores e inteligencia artificial habla el mismo idioma que la competencia tecnológica global.

¿Qué falta para saber si es candado o certeza?

La respuesta depende menos del decreto que de lo que venga después. Si el umbral se fija alto y los criterios se publican con claridad, el filtro puede funcionar como una ventanilla previsible para operaciones grandes en sectores realmente estratégicos, algo que los inversionistas suelen preferir a la discrecionalidad. Si el umbral es bajo, el catálogo de «actividades análogas» crece por resolución administrativa y la Comisión resuelve sin plazos ciertos, el efecto puede ser el contrario: más tiempo entre la firma y el cierre, más costos legales y un incentivo para estructurar operaciones por debajo del 49 %. Hay tres señales que, a nuestro juicio, conviene seguir en los próximos meses. La primera es el monto del umbral, que debe publicarse a más tardar el 18 de mayo de 2027. La segunda, la reforma al reglamento, para la que el decreto no fija fecha y de la que dependen los requisitos de la solicitud. La tercera, el primer informe semestral de la Comisión al Congreso, que permitirá saber cuántas operaciones revisó, cuántas condicionó y si impidió alguna. México necesita inversión nueva, no solo reinversión, y también necesita saber quién controla sus redes eléctricas, sus centros de datos y la información de millones de personas. La reforma que hoy entra en vigor apuesta a que ambas cosas son compatibles. Que lo sean dependerá de que la regla se aplique con datos, plazos y transparencia, y no como una puerta que se abre o se cierra según el inversionista que toque.
ANÚNCIATE AQUÍTu marca frente al poder y a miles de lectores diariosCotizar campaña

Más de Opinión

Sigue leyendo

Ver todo

Sincronización en tiempo real

México

--:--:--  

--°C

Cargando datos…

 

 
Trayectoria solar
Tendencia 24 horas
Pronóstico 7 días

Datos meteorológicos: Open-Meteo · Calidad del aire: Open-Meteo AQ · Actualización cada 30 min

WhatsApp 56 1486 0138