La militarización de la seguridad pública: La Guardia Nacional en manos de la Sedena
Editor web Maya Comunicación 
Por Juan Pablo Ojeda
A pesar de los esfuerzos de la oposición, expertos en seguridad y organizaciones defensoras de derechos humanos por detener la aprobación de la reforma que transfiere a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), esta iniciativa fue respaldada por mayoría en la Cámara de Diputados durante la madrugada del viernes 20 de septiembre. Este movimiento ha desatado una ola de preocupaciones entre diversos sectores de la sociedad que ven en esta medida un paso más hacia la militarización del país.
Organizaciones reconocidas han lanzado campañas en contra de esta reforma, argumentando que el traspaso de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas podría conllevar el uso de fuero militar para cometer delitos y violar derechos humanos, bajo la protección de las modificaciones constitucionales. A pesar de las promesas de sus impulsores de que la Guardia Nacional no asumirá funciones militares, la realidad es que estará administrativamente bajo el control de la Defensa Nacional.
Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación, especialmente al coincidir con el aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la masacre de Tlatelolco. La organización lamentó que se avance en esta reforma, ignorando el sufrimiento de las víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) también criticó la aprobación de esta reforma, que altera el Artículo 129 de la Constitución, limitando las funciones de los elementos militares en tiempos de paz a actividades estrictamente relacionadas con la disciplina militar. Este cambio, argumentan, justifica el ajuste realizado hace tres años al Artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que permite a la Sedena prestar servicios auxiliares y civiles a la presidencia sin restricciones.
Organizaciones como Impunidad Cero y el colectivo Seguridad sin Guerra han hecho un llamado al Senado, donde se espera que la reforma sea debatida en la última semana de septiembre. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que la iniciativa será evaluada inmediatamente en las comisiones correspondientes, lo que podría llevar a una sesión extraordinaria antes de lo previsto.
“Hacemos un llamado al Senado de la República a detener esta reforma constitucional, que significaría la culminación del proceso de militarización de la seguridad pública y un grave retroceso en derechos humanos”, enfatizó Amnistía Internacional. Además, recordó que la exigencia de no tener a los militares en labores de seguridad pública no es nueva y se remonta al sexenio de Felipe Calderón, que marcó el inicio de la ‘guerra contra el narco’.
Las tensiones alrededor de esta reforma continúan creciendo, mientras la discusión se traslada al Senado, donde la presión por revertir el rumbo militarista en la seguridad pública se intensifica.
