Justicia y seguridad marcan el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en México
Editor web Maya Comunicación 
Por Juan Pablo Ojeda
En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las demandas de justicia y seguridad se alzan como las principales preocupaciones en México, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta críticas por la implementación de sus políticas en el último tramo de su mandato. Los pueblos indígenas, desde Chiapas hasta Sonora, claman por soluciones efectivas frente a la violencia del crimen organizado y el incumplimiento de las promesas presidenciales.
El mandato de López Obrador ha incluido los ‘Planes de Justicia’ para los pueblos indígenas, con los primeros esfuerzos centrados en Sonora. Sin embargo, a pesar de las iniciativas, comunidades como la tribu Yoreme-Mayo siguen enfrentando graves problemas. Raúl Retana Buitimea, danzante tradicional de esta etnia, denunció la presencia alarmante de drogas como metanfetaminas y fentanilo, así como la pérdida de tierras debido al acaparamiento por parte de empresas y grupos criminales. “Necesitamos que se concrete la restauración del territorio Mayo. Hay mucho acaparamiento de las tierras, y el agua está contaminada por agroquímicos, lo que ha provocado cáncer y otras enfermedades”, explicó a EFE.
México, hogar de más de 23 millones de indígenas y 68 pueblos diferentes, ha visto avances limitados en la restitución territorial con el ‘Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui’, aunque muchos desafíos persisten. Georgina Borboa García, residente de Pótam en el río Yaqui de Sonora, destacó problemas persistentes en el acceso a la salud. “No siempre tenemos medicinas, los médicos no están disponibles por las noches, y las ambulancias a menudo no tienen gasolina. El costo del traslado al hospital es una carga pesada para nosotros”, comentó.
En el sureste del país, la construcción de megaobras como el Tren Maya ha generado controversia, con comunidades desplazadas y una falta de respuesta eficaz contra el crimen organizado en estados como Chiapas y Guerrero. La implementación de 17 ‘Planes de Justicia’ por parte del Gobierno ha sido recibida con escepticismo.
Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), reconoció que el próximo gobierno enfrentará el reto de extender estos planes a todas las etnias del país. Alejandro Aguilar Zeleny, profesor e investigador con más de 30 años de experiencia con los pueblos originarios, criticó la orientación de los planes actuales. “Se han enfocado en infraestructura y equipamiento, pero la autodeterminación y el reconocimiento pleno de los pueblos en sus formas de gobierno y protección de recursos naturales siguen siendo grandes pendientes”, afirmó.
En este contexto, el desafío para la nueva administración de Claudia Sheinbaum será abordar de manera integral las demandas históricas de los pueblos indígenas, garantizando tanto la seguridad como el respeto a sus derechos fundamentales.
