Jueces Federales piden intervención internacional contra Reforma Judicial en México
Editor web Maya Comunicación 
Por Juan Pablo Ojeda
Más de mil juzgadores federales han alzado la voz contra la reciente reforma al Poder Judicial en México, buscando la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En un movimiento sin precedentes, los magistrados Michele Franco y Rogelio Alanís García se presentaron en la sede de la CIDH en Washington para exponer sus preocupaciones y solicitar una revisión de la reforma propuesta.
En su escrito, los jueces y magistrados de Distrito y Circuito pidieron a la CIDH que actúe conforme al artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con el fin de proteger los derechos humanos en México que, según ellos, están en riesgo debido al proyecto de reforma. «Nos dirigimos a esa ilustre CIDH a fin de solicitarle que ejerza sus funciones y atribuciones derivadas del artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos y que garantice los derechos humanos de la sociedad mexicana que se encuentran bajo asedio con el proyecto de dictamen de la llamada Reforma Judicial”, expresa el documento.
— Dolia Estévez (@DoliaEstevez) August 26, 2024
Los jueces argumentan que la reforma, tal como está planteada, podría llevar a una grave ruptura del orden democrático en el país. Su preocupación central es que la reforma podría desmantelar los órganos de control al poder y debilitar la protección efectiva de los derechos humanos. Este alegato destaca un temor de que se erosionen las estructuras fundamentales que garantizan la justicia y el equilibrio de poderes en México.
La respuesta a estas inquietudes por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido contundente. Este lunes, López Obrador arremetió contra los críticos de la reforma, defendiendo su propuesta como una medida para combatir la corrupción en el Poder Judicial. Según el presidente, la reforma busca asegurar que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, una medida que, según él, cuenta con el respaldo de la ciudadanía.
López Obrador argumenta que la reforma es un paso necesario para modernizar el sistema judicial mexicano y hacerlo más representativo. Según el mandatario, el proceso de elección popular permitirá a los ciudadanos tener una mayor influencia en la selección de los jueces, lo que contribuirá a una mayor transparencia y a la reducción de la corrupción en el poder judicial.
Este enfrentamiento entre los jueces federales y el Ejecutivo pone de manifiesto una profunda división en torno a la reforma judicial en México. Mientras los jueces temen que la reforma comprometa la integridad del sistema judicial, el gobierno insiste en que la reforma es una reforma fundamental para mejorar la justicia y fortalecer la democracia en el país.
Con la solicitud de intervención internacional en manos de la CIDH y una opinión pública dividida, el futuro de la reforma judicial sigue siendo incierto. El próximo capítulo de esta disputa determinará no solo la dirección del sistema judicial en México, sino también cómo se equilibrarán los intereses entre la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos fundamentales.
