Investigación en curso por video de alcaldes con presunto líder del Cártel de Sinaloa

Por Juan Pablo Ojeda

 

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó este martes durante la conferencia matutina del presidente, conocida como «La Mañanera», que la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación tras la difusión de un video en redes sociales la semana pasada. En las imágenes se observa a los presidentes municipales de Cuautla y Atlatlahucan, Jesús Corona Damián y Agustín Toledano Amaro, respectivamente, en una reunión con Júpiter Araujo Bernard, alias «El Barbas», identificado como presunto mando del Cártel de Sinaloa.

García Harfuch detalló que el caso involucra a varios servidores públicos, entre ellos un presidente municipal, un secretario de ayuntamiento y al menos tres funcionarios locales adicionales, aunque no precisó sus identidades. «Ya se inició una carpeta con la Fiscalía General de la República, sí hay servidores públicos involucrados así como del civil que sale en el video con un arma larga, camuflajeado», afirmó el titular de la SSPC desde Palacio Nacional. Subrayó que la investigación se realiza en coordinación con la FGR y que está en curso para esclarecer los hechos.

El video, que generó revuelo en plataformas digitales, muestra a los alcaldes morelenses en un aparente encuentro con «El Barbas», un supuesto operador del Cártel de Sinaloa, lo que ha levantado sospechas sobre posibles nexos entre autoridades locales y el crimen organizado. La difusión de este material ha puesto bajo escrutinio la actuación de los gobiernos municipales en el estado de Morelos, una región que ha enfrentado desafíos significativos por la presencia de grupos criminales.

Aunque el secretario no ofreció más detalles sobre los avances de la indagatoria ni los nombres de los otros funcionarios implicados, su declaración refuerza el compromiso del gobierno federal por combatir la corrupción y la infiltración del narcotráfico en las instituciones públicas. Este caso se suma a una serie de escándalos que han marcado la relación entre política y crimen organizado en México, un tema que sigue siendo prioritario en la agenda de seguridad nacional.

La investigación de la FGR será clave para determinar las responsabilidades de los involucrados y las posibles repercusiones políticas y legales que deriven de este polémico encuentro. Por ahora, la ciudadanía y los medios de comunicación permanecen atentos a los próximos pasos de las autoridades federales.

 

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