INE busca frenar proselitismo de aspirantes a cargos judiciales
El INE busca frenar el proselitismo de aspirantes a cargos judiciales con nuevas medidas reglamentarias.
CDMX a 17 de enero, 2025.- El Instituto Nacional Electoral (INE) ha tomado medidas para frenar el proselitismo de aspirantes a cargos judiciales, tras identificar vacíos en las reformas a leyes secundarias que norman la elección judicial. El INE acordó preliminarmente prohibir a los candidatos y aspirantes la realización de campañas y precampañas anticipadas.
Actualmente, miles de aspirantes a cargos judiciales, como jueces, magistrados y ministros, han iniciado recorridos y mitines sin restricciones debido a la falta de un marco legal. Un ejemplo es la ministra Loretta Ortiz Alhf, quien en un mitin pidió el voto y difundió en redes sociales su recorrido por el mercado de La Merced.
La Comisión de Quejas del INE aprobó por unanimidad el proyecto de Catálogo de Infracciones para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025. A propuesta del consejero Arturo Castillo Loza, se incluyó la figura de aspirantes a candidaturas de cargos judiciales entre los sujetos infractores susceptibles de sanciones.
Con esta medida, los aspirantes podrán ser sancionados y tendrán prohibido realizar actos de proselitismo desde la fecha de aprobación del catálogo hasta el inicio de las campañas. De no realizarse las modificaciones, la restricción solo aplicaría a los candidatos oficialmente registrados.
La reforma a la Constitución en materia de Poder Judicial aprobada en septiembre de 2024 estableció que las campañas durarían 60 días y estarían prohibidas las precampañas. Sin embargo, las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y la Ley del Sistema de Medios de Impugnación (LSMI) omitieron disposiciones específicas para acotar el proselitismo y el uso de recursos públicos.
El consejero Castillo Loza explicó que el INE tiene la facultad de establecer las disposiciones necesarias para cubrir estos vacíos legales y garantizar la equidad entre los aspirantes a candidaturas judiciales.
