Saltillo, Coahuila a 7 de agosto, 2024.- Durante el penúltimo Diálogo Nacional organizado por el Congreso de la Unión para analizar la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), el diputado federal Ignacio Mier Velazco adelantó que se están perfilando dos importantes modificaciones. Estas se centran en la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en la garantía de los derechos de las y los trabajadores del Poder Judicial.
Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, reveló que las primeras modificaciones incluyen la nueva configuración de la SCJN y la implementación de un procedimiento democrático y escalonado para la designación de ministros, jueces y magistrados. Este enfoque busca garantizar criterios de elegibilidad estrictos y un proceso de selección justo y transparente.
El diputado destacó la importancia de proteger los derechos adquiridos de los trabajadores del PJF, incluyendo el haber de retiro, que está respaldado por fideicomisos. «Es dinero de los trabajadores, producto de su trabajo y esfuerzo de años, y debe ser respetado», afirmó Mier, subrayando el compromiso de la coalición Morena, PT y PVEM con los derechos laborales.
El ejercicio de diálogo ha sido inclusivo, con la participación de la sociedad civil, académicos y expertos en justicia. Mier Velazco enfatizó que este proceso de consulta es fundamental para aspirar a una plena democracia, resaltando la disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum para escuchar todas las voces.
En el foro, que contó con la ponencia magistral de Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), también se discutieron temas cruciales como la Defensoría Pública y la Seguridad Pública. Entre los asistentes destacaron la senadora electa Luisa Cortés y varios diputados federales y presidentes municipales electos.
Mier Velazco adelantó que en el último foro se presentarán las primeras líneas de modificación, centradas en asegurar que los procedimientos de selección sean democráticos y cumplan con los requisitos establecidos, garantizando así la idoneidad de los más capacitados para servir en el Poder Judicial.