La deuda pública de México marcó un récord histórico al situarse en 17 billones 673 mil 629 millones de pesos al cierre de mayo de 2025, según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esto representa un incremento del 68% respecto a los 10.48 billones reportados al finalizar 2018, lo que ha llevado la deuda per cápita a superar los 132 mil pesos por habitante, una carga que genera crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal del país.

Aunque la SHCP presume un manejo “estratégico” del gasto y un nivel de deuda equivalente al 49.2% del Producto Interno Bruto (PIB) —menor al 51.3% registrado al cierre de 2024—, el aumento nominal en el saldo de la deuda resulta contundente. En seis años, el endeudamiento neto creció en más de 7.1 billones de pesos, en un contexto donde las tasas de interés y el costo financiero de la deuda han aumentado 13.1% real anual.

El gobierno argumenta que el incremento responde a la necesidad de financiar programas sociales prioritarios y megaproyectos de infraestructura, además de enfrentar un entorno global restrictivo. Sin embargo, analistas advierten que el margen de maniobra para futuras administraciones se ve comprometido, y el servicio de la deuda absorbe recursos que podrían destinarse a otros rubros.

Por el lado de los ingresos, la SHCP reporta un crecimiento de 8.9% real en la recaudación tributaria entre enero y mayo de 2025, destacando aumentos en el IVA (12.5%) y en el ISR (8.2%). Aun así, los ingresos no han logrado compensar el aumento del costo financiero ni frenar el crecimiento de la deuda. El déficit presupuestario se situó en 251 mil millones de pesos, menor al programado, aunque los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) sumaron 357 mil millones en lo que va del año.

Un factor que permitió moderar el aumento real de la deuda fue la apreciación del tipo de cambio, que impactó positivamente en la valuación de la deuda externa. No obstante, la deuda neta del gobierno federal ya alcanza 15.7 billones de pesos, con un 83% en deuda interna y la mayor parte contratada a tasa fija y largo plazo.

Entre las operaciones destacadas, Hacienda realizó en mayo una recompra de instrumentos de deuda por 154 mil millones de pesos y una colocación sindicada de Bondes G por 30 mil millones, medidas dirigidas a mejorar el perfil de vencimientos y reducir riesgos de refinanciamiento. Pese a ello, el saldo de la deuda no deja de crecer y sigue alimentando el debate sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Mientras el gobierno celebra las calificaciones de grado de inversión ratificadas por agencias como KBRA y DBRS, la realidad es que el peso de la deuda sobre cada ciudadano se ha disparado. Lo que en 2018 representaba un compromiso por habitante de unos 85 mil pesos, ahora rebasa los 132 mil, con el riesgo de que futuras presiones económicas, internas o externas, lo eleven aún más.

El desafío para los próximos años será contener ese crecimiento sin comprometer la estabilidad macroeconómica, en un entorno donde las necesidades de gasto social, seguridad y desarrollo siguen en aumento. La deuda, que durante años fue presentada como un indicador de fortaleza por mantenerse controlada, hoy se convierte en un tema obligado en la discusión pública sobre el futuro del país.