Harfuch confirma gestiones de la FGR para extraditar a Inés Gómez Mont
El gabinete de seguridad confirma trámites diplomáticos y ministeriales para concretar la extradición de Inés Gómez Mont desde el extranjero.
Por Juan Pablo Ojeda
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este martes que la Fiscalía General de la República mantiene activas las gestiones diplomáticas y ministeriales necesarias para concretar la extradición de Inés Gómez Mont hacia territorio mexicano. Durante el informe oficial presentado desde la capital del país, se detalló que los trámites se realizan en estricto apego a los convenios internacionales de colaboración jurídica vigentes.
De acuerdo con los datos aportados por las áreas de procuración de justicia, la orden de aprehensión que pesa sobre la conductora y empresaria está vinculada a investigaciones por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Las indagatorias preliminares señalan un desvío multimillonario de recursos públicos a través de contratos simulados adjudicados durante administraciones pasadas.
El análisis de los procesos de extradición gestionados por la cancillería mexicana y la fiscalía federal indica que los tiempos de resolución dependen de los tribunales del país extranjero donde se localiza la persona requerida. Las autoridades aseguraron que la carpeta de investigación cuenta con los elementos probatorios suficientes para sostener la acusación formal ante los jueces federales una vez que se ejecute el traslado.
Por otro lado, la cooperación bilateral con las agencias internacionales de seguridad ha permitido rastrear el flujo de los capitales presuntamente desviados hacia cuentas bancarias en jurisdicciones extranjeras. Las unidades de inteligencia financiera colaboran en el aseguramiento de bienes y propiedades vinculados a la red de empresas fantasma detectadas en el expediente ministerial.
Asimismo, las autoridades federales enfatizaron que la política de combate a la corrupción y a la impunidad de cuello blanco no distingue estatus social ni mediático. El despliegue institucional busca garantizar que los implicados en esquemas de defraudación fiscal y lavado de dinero respondan ante los tribunales competentes en México.
Las repercusiones de este anuncio reactivan el interés público sobre los casos de corrupción de alto perfil judicializados en los últimos años. Analistas jurídicos señalan que la efectividad de las solicitudes de extradición enviadas a tribunales extranjeros constituye una prueba de fuego para los acuerdos de cooperación judicial firmados por el Estado mexicano.
El proceso legal continuará su curso en las instancias internacionales mientras la fiscalía federal aguarda las resoluciones definitivas de los jueces competentes para fijar la fecha de entrega y el posterior internamiento de la imputada en un centro federal de readaptación social.
